SOCIEDAD › LA JUSTICIA INVESTIGA LA AGRESIóN POLICIAL SIN CITAR A LAS VíCTIMAS TOBAS

Invierno sobre La Primavera

La citación de dos policías y de un funcionario judicial presente en la represión policial a la comunidad qom no fue acompañada de citaciones testimoniales a los tobas. El gobierno formoseño salió abiertamente a defender a la familia expropiadora.

Tal como estaba previsto, ayer comenzaron a declarar los primeros testigos por la represión policial ocurrida en la ruta 86, en Formosa, en la que murieron un uniformado y un dirigente de la comunidad toba-qom. Como ya habían advertido integrantes de La Primavera, quienes fueron desalojados a los tiros de la ruta luego de cuatro meses de corte por un reclamo de tierras, ninguno de ellos fue citado aún. Así lo confirmó ayer el juez de la causa a Página/12, Santos Gabriel Garzón. Los primeros en declarar fueron dos efectivos policiales y Pablo Phillipis, secretario del juzgado de Raúl Mauriño, quien también será llamado como testigo porque era el juez actuante ese día y estuvo durante los incidentes.

“Puedo decir que se van agregando más testigos a medida que avanzamos porque los relatos se encadenan y surgen más nombres”, dijo Garzón. Consultado sobre otras novedades, informó que están en marcha varias pericias. “Ya se están estudiando todas las armas secuestradas y se hicieron las autopsias. No están los resultados todavía, por eso no sabemos, por ejemplo, si la bala que mató al policía provino de un arma de la fuerza o no”, explicó el juez.

Garzón justificó su hermetismo advirtiendo que “todo se tergiversa”, sin aclarar si se refería a la prensa o a algunos sectores afectados en la discusión. Una apreciación similar apareció ayer en una solicitada firmada por el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, publicada en los diarios locales. El funcionario habló del “intento de algunos sectores por desinformar tergiversando la realidad de los sucesos” y de “lucrar políticamente” con ellos.

González confirmó la posición del gobierno formoseño, convalidando la agresión policial. Sostuvo que la familia Celia, que agredió a los indígenas en la ruta antes de que intervenga la policía provincial, es legítima propietaria de los terrenos que ocupa. En ningún tramo de la solicitada se menciona la represión policial ocurrida el martes de la semana pasada, en las que falleció el dirigente toba de la comunidad La Primavera, Roberto López, y el oficial Heber Falcón, aunque en los hechos no hiciera falta mencionarla ya que quedaba tácita en la toma de posición.

Ayer, mediante un comunicado, la diputada nacional Victoria Donda repudió “la brutal represión” contra los indígenas y, además, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, convocó a los integrantes de esta comisión a viajar al lugar el próximo 9 de diciembre. “Concretaremos una audiencia con el gobernador (Gildo) Insfrán para que brinde las explicaciones del caso, y con el juzgado a cargo. También escucharemos a los miembros de la comunidad toba-qom y los acompañaremos en este terrible momento”, anunció Donda.

Por su parte, los diputados nacionales Alicia Terada, Susana García y Juan Carlos Morán, del bloque de la Coalición Cívica (CC), enviaron ayer una carta documento a la presidenta Cristina Fernández para reclamarle que “de manera urgente” tome medidas “para garantizar la vida, la seguridad y los bie-nes de la comunidad qom”. En repudio por la represión, ayer continuaron las manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires. Militantes de la Corriente Clasista y Combativa cortaron la intersección de la Avenida de Mayo y Lima, en el microcentro porteño.

Hoy a las 15, a metros del Congreso Nacional, en Callao 181, el dirigente de la comunidad La Primavera Félix Díaz dará una conferencia. Estará acompañado por el presidente del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel; la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y el director del Inadi, Claudio Morgado. También asistirán el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, y la directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Argentina, Gabriela Boada. Félix Díaz también intentará reunirse con la Presidenta.

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El no citar a los pobladores qom en primer lugar permite suponer que la hipótesis judicial es criminalizarlos.
Imagen: DyN
 
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