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Ocho organismos de derechos humanos de la Argentina firman una nota que ayer fue enviada a los representantes de los países que el lunes deben elegir, en Nueva York, a los miembros del Comité Internacional de Derechos del Niño. Los organismos se oponen a la elección, para integrar ese organismo, del candidato propuesto por el gobierno argentino, Norberto Liwski, actual titular del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El Comité es el órgano internacional encargado de velar por el cumplimiento de la Convención por los Derechos del Niño. Y los ocho organismos rechazan la postulación de Liwski, en cuya gestión, acusan, “se han producido notables retrocesos en los programas de aplicación de la Convención”. También le reprochan su actuación como subsecretario del Menor en la provincia de Buenos Aires, por dos hechos ocurridos en 1993. Liwski, en diálogo con este diario, rechazó los cargos y dijo que apelará a la Justicia, pues se siente “calumniado e injuriado”.
El documento fue suscripto por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, la Liga por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
El texto de seis párrafos, dirigido a los representantes de los Estados que han firmado la Convención y deben elegir al Comité, considera “inadmisible” la candidatura propuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde. Argumenta que desde enero de 2002, cuando asumió su cargo, “ha aumentado en forma considerable la cantidad de niños institucionalizados (hay niños de 8 y 9 años ingresados al sistema penal), se reinstalaron medidas represivas y se incorporó personal de custodia de menores privados de libertad, que habían sido separados de sus cargos por violencia y abusos varios por la anterior administración”. También acusan a Liwski de negarse a informar cuántos menores de edad están privados de libertad en el país.
Pero el reproche más fuerte se vincula con su gestión en la provincia de Buenos Aires, “en ocasión de una revuelta producida en el Instituto Aráoz Alfaro, bajo su jurisdicción, hecho ocurrido el 30 de mayo de 1993, que culminó con la muerte por disparo de arma de fuego de un chico de 16 años alojado en el instituto”. La denuncia agrega: “Meses más tarde, el 19 de agosto de 1993, se produjo una nueva rebelión en el mismo instituto, que fue brutalmente reprimida, sin orden judicial. El personal que ejecutó la represión no pertenecía a ningún organismo del Estado y fue irregularmente contratado por el doctor Liwski. Algunos de sus integrantes fueron reconocidos como notorios torturadores actuantes durante el período de la dictadura militar”.
Desde Nueva York, Liwski calificó la presentación de los organismos como “sorprendente, extrañísima, difícil de explicar, ya que mi nominación se conocía desde octubre”. “No voy a debatir públicamente los aspectos que agravian mi honor, que van a ser atendidos en el ámbito de la justicia”, advirtió Liwski. Pero destacó que el autor del crimen del Araoz Alfaro “está preso, después de una denuncia mía”. Y rechazó la acusación de que en su gestión se incrementó la detención de menores. Médico pediatra, Liwski colaboró durante 10 años con las Abuelas en la búsqueda de sus nietos secuestrados.
La presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, respaldó el documento: “Nos oponemos a que sea designado en el cargo de experto porque no reúne las condiciones morales necesarias ni ha tenido la conducta impecable que se requiere para esa función”, dijo a Página/12. Un proyecto de resolución de igual tenor fue presentado en el Congreso por la diputada Laura Mussa (ARI). En cambio, el titular del Servicio de Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, respaldó la candidatura de Liwski.