El plan que elabora el Ministerio de Seguridad para la Ciudad de Buenos Aires, que será anunciado en breve por la presidenta Cristina Fernández, es muy similar al Operativo Centinela, implementado desde enero en la provincia de Buenos Aires. Configura, como aquel plan, un refuerzo en las zonas más críticas del territorio porteño y permite reubicar a la Policía Federal en otros barrios, según pudo saber este diario, pese al hermetismo que rodea a los voceros del Ministerio de Seguridad de la Nación. El anuncio constituye un paso más para resolver la situación diagnosticada meses atrás, cuando asumió la ministra Nilda Garré: la falta de presencia policial en las calles y la ineficiencia en la asignación de recursos.

En el ministerio que encabeza Garré insisten en no dar mayores definiciones porque el plan aún no está terminado. Sin embargo, por otras fuentes se fueron confirmando los principios rectores del nuevo plan. Los gendarmes y prefectos complementarán a los agentes de la Policía Federal, como ya lo hacen con la Bonaerense, cuando haga falta saturar un territorio, sea por un operativo contra el delito o para prevenir ocupaciones de terrenos o edificios. También los acompañarán en los allanamientos a desarmaderos, como ya pasó en las provincias de Misiones y Tucumán, en la ciudad de Rosario e incluso en locales de la porteña avenida Warnes.

Más allá de las especulaciones, no será el sur de la ciudad la única área beneficiada con el aporte de fuerzas de seguridad. Tampoco habrá gendarmes o prefectos atendiendo las comisarías. Los efectivos policiales que sean reemplazados podrán actuar en cualquier otra zona de la ciudad. Reforzarán, por ejemplo, el plan de control vehicular, que rota de ubicación cada 40 minutos. La idea es que gendarmes y prefectos se dediquen a prevenir delitos y no a las investigaciones complejas que comanda la PFA, y derivan, por ejemplo, en el decomiso toneladas de drogas ilegales.

El déficit de uniformados no es un tema nuevo en la ciudad y el Ministerio de Seguridad nacional ya realizó acciones para revertir la situación: transformó los 1200 servicios adicionales que brindaban los agentes en objetivos del Gobierno de la Ciudad en horas extras para esos mismos efectivos de la Federal. Este tipo de reestructuración fue probada con éxito en el conurbano bonaerense, cuando en diciembre pasado la Presidenta lanzó el Operativo Centinela, que permitió reubicar en otras tareas a unos dos mil efectivos bonaerenses.

Aquel anuncio sólo implicó a la Gendarmería, fuerza que aportó seis mil uniformados a los tres mil que ya cumplían funciones en las “zonas calientes” del conurbano, como el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache. “Esto no presupone abandonar la función natural y estratégica de nuestra fuerza de vigilar fronteras”, dijo Cristina Fernández en aquel lanzamiento. Luego apuntó que el refuerzo respondía a combatir el “crimen organizado”. Dos meses después, Garré aseguró que habían bajado “los índices de criminalidad”.

Voceros del Ministerio de Seguridad nacional destacaron que el Operativo Centinela “sigue funcionando con muy buenos resultados” y desminitieron que se planee formar “pacificadores” para intervenir en las villas más violentas, como se publicó en algún medio. “Hace unos meses invitamos a dar una charla al creador de esa idea, Roberto Alcair Díaz Chaves, pero nuestra realidad es diferente que la de Brasil. No tenemos en la villa una mafia que haya tomado el lugar del Estado”, comentó la fuente. El reposicionamiento de la Prefectura y la Gendarmería no es casual. La segunda fuerza pasó de tener 17.000 efectivos en 2003 a más de 30.000 en la actualidad. Además, tiene una política de rotación programada para que sus oficiales no se familiaricen con las mafias de cada lugar.