Tras la muerte del hijo, Oscar Castellucci empezó a militar contra la violencia en los boliches.
Imagen: Télam.

De los 15 mil “patovicas” que, se estima, trabajan en boliches en el territorio bonaerense, sólo 150 hicieron el curso de capacitación que los habilita para trabajar. Ellos son el total de egresados del Centro de Formación Profesional Nº 420 que los capacita, en el marco de la ley 26.370. Funciona desde 2010 y cuenta con cinco subsedes en la provincia de Buenos Aires. Todas estaban bajo la dirección de Oscar Castellucci, militante contra la violencia en el ámbito de la noche, quien esta semana presentó su renuncia y denunció que “hay piedras en el camino” para la implementación de la ley. Lo dijo en referencia al sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, que intenta lograr la habilitación de los vigiladores sin necesidad de capacitación, por medio de un convenio con el Ministerio de Educación bonaerense. Tras la renuncia de Castellu-cci, el secretario general del gremio, Leandro Nazzarre, adelantó que podría dar marcha atrás con esa iniciativa.

Castellucci emprendió su lucha en diciembre de 2006, tras el asesinato de su hijo Martín por los golpes que le propinó José Segundo Lienqueo, ex boxeador y ex “patovica” del boliche La Casona, de Lanús. En 2008 logró la sanción de la Ley de Espectáculos Públicos que regula la actividad de los controladores de admisión y permanencia con una impronta innovadora sobre el Centro, ya que el curso tiene como ejes la instrucción en derechos humanos y técnicas de mediación (para no recurrir a la violencia). El Centro tiene sedes en La Plata, Quilmes, Tandil, Lanús, Tigre y el Partido de la Costa.

La institución es producto de la ley y de un convenio entre la Dirección General de Cultura y Educación –el área a cargo es la Dirección General Profesional– y el sindicato. Y cuenta con capacidad para formar a 360 personas por año, sobre un total de 15 mil, que el gremio estima que hay en total, aunque la cantidad de afiliados en la provincia es de 5125. En su renuncia, Castellucci responsabiliza al Sindicato Unico de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (Sutcapra) de “haber perdido los objetivos” que se planteaba el Centro de Formación, porque firmó un acuerdo hace tres meses con la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales de la Dirección General de Cultura y Educación que permite otorgar licencias a los trabajadores sólo rindiendo un examen. “¿Cómo toman un examen a estos tipos, mirándolos cómo están en la puerta de un boliche?”, cuestionó Castellucci ante Página/12.

Ante una consulta de este diario, el titular del sindicato defendió la iniciativa: “Es una modalidad establecida por la ley de educación nacional”. Luego sostuvo que la falta de regulación en el rubro es porque “la ley no entró en vigencia”. Se refiere a que la norma otorga un plazo de cinco años a partir de su sanción para capacitar a todo el personal de vigilancia de boliches, que se cumple el año próximo. “Los empleadores no buscan gente capacitada, la mentalidad es muy obsoleta porque buscan gente con características boxísticas”, señaló Nazzarre.

En ese contexto, el flamante titular de la Dirección General Profesional, Juan Estévez, sostuvo que su idea es “acompañar y satisfacer las demandas del sector para que continúen con las capacitaciones”. Estévez asumió días atrás, después del reciente recambio en la Dirección de Educación bonaerense.

Pero esa sólo es una arista de los vaivenes de la noche. Otro eje es la ley 14.050 que regula la habilitación de bares y boliches bailables. Para implementarla trabaja una Comisión Interministerial que preside la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense e integran el Ministerio de Trabajo, el Registro Público Provincial de Control de Admisión y Permanencia bonaerense (Recap), la Dirección General de Cultura y Educación, Sutcapra y la Asociación Civil Martín Castellucci. Las cámaras empresariales también pueden hacerlo.

Desde 2011 a la fecha, el Recap recibió 300 actas-denuncias por discriminación o hechos de violencia perpetrados por “patovicas”. Su director, Bernardino Acosta, consideró que hay “mucha rotación y es difícil de regular” la actividad. El subsecretario de Derechos Humanos, Nicolás Carvalho, autoridad de aplicación de ambas leyes en cuestión, señaló que de esas denuncias sólo el cinco por ciento son ratificadas, según entiende, “porque hay desconocimiento de la ley”. Aunque también explicó que muchos hechos son “circunstanciales”: “La discriminación es moneda corriente, lo importante en ese sentido es instalar que existen derechos”.

“Sabemos que se está corriendo una versión para que los ‘patovicas’ cuenten con la habilitación para trabajar sin hacer el curso. Nosotros queremos decir que no avalamos eso. La Secretaría (de Derechos Humanos) no va a aceptar ningún atajo”, aseveró el funcionario a Página/12.

Informe: Carla Perelló.