El presidente de la Corte Suprema bonaerense, Santiago De Lázzari, decidió hacer una investigación sobre el juez de Morón Alfredo Meade, quien fue el supervisor –juez de Garantías– del caso Candela. La decisión de De Lázzari responde al informe que le entregó la comisión especial del Senado que revisó las actuaciones judiciales y policiales. Además, la Corte adelantó que si la comisión no presenta denuncias judiciales concretas, lo hará el máximo tribunal. Con la resolución de ayer, la Corte bonaerense le da entidad al informe crítico elaborado por la mayoría de la comisión de senadores.

En general, la Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol Rodríguez fue lapidaria con el trabajo policial y judicial realizado en la investigación. La conclusión central fue que se realizó un armado falso con el objetivo de dar una respuesta rápida a la prensa y la población, pero desviando las actuaciones de lo que debió ser el eje central: un crimen en el marco de bandas de narcos de San Martín y la venta de estupefacientes en la que –indican– también participaban policías.

Los senadores fueron durísimos con los cuadros policiales que supuestamente armaron la investigación falsa, pero también evaluaron en forma lapidaria el expediente judicial, el que estaba bajo el control de Meade. La comisión dice que el fiscal Marcelo Tavolaro dejó la investigación en manos de la policía y que “el caótico expediente judicial constituye la prueba de la vergonzosa investigación llevada a cabo por el fiscal y la policía. Se advierte la ausencia de orden cronológico en la ubicación de las piezas procesales en el expediente, desorden y falta de pertinencia en la inclusión de piezas procesales en el cuerpo principal; fojas inutilizadas, errores en la foliatura y ausencia de cargo de recepción fechada de las actuaciones: las declaraciones testimoniales claves, en su mayoría, no se tomaron en sede judicial; anomalías graves en las actuaciones que libran órdenes de allanamiento y registro de inmuebles; falta de sustanciación de las medidas adoptadas por el fiscal; negligencia e irregularidades en los procedimientos”.

La primera reacción de la Corte es que se investigue al juez Meade por las irregularidades en el expediente y la pesquisa. Lo que tiene que ver con el fiscal quedará en manos de la Procuración, que encabeza María del Carmen Falbo. Pero lo cierto es que el máximo tribunal no se desentiende del conjunto: De Lázzari adelantó que si la comisión no realiza denuncias judiciales por las maniobras realizadas, la propia Corte las formalizará.

Todo esto coloca el caso en un plano distinto. Antes, la comisión pidió jury de enjuiciamiento para los fiscales y para su jefe, Federico Nieva Woodgate, y le recomendó al Poder Ejecutivo bonaerense que exonere o aparte de sus cargos a un largo listado de jefes policiales. Se trata de pasos que apuntan a destituir a los que investigaron. Ahora, en cambio, la Corte adelanta que presentará denuncias penales para que todos los protagonistas sean investigados por fiscales, con la supervisión de jueces de Garantías, para determinar “la probable comisión de hechos ilícitos”.

El hecho de que el máximo tribunal haya reaccionado con tanta rapidez –las copias del informe se las entregaron hace 48 horas– sugiere que los integrantes de la Corte le dieron prioridad y verosimilitud a lo denunciado por la comisión. Se pone en una sintonía distinta a la del Poder Ejecutivo provincial, que casi no tomó ninguna medida a raíz de la escandalosa investigación del caso Candela. Hay un hecho gravísimo que ahora será evaluado por la Justicia: la comisión denunció que el manejo mediático del caso –por parte de los policías y las autoridades judiciales– fueron un factor importante en la decisión de los secuestradores de matar a la niña.