Desde la madrugada de ayer, unos quinientos policías cordobeses se mantenían acuartelados en reclamo de un aumento salarial y mejoras laborales, lo que afectaba el patrullaje en la capital y algunas zonas del interior de Córdoba. Ante la protesta de los uniformados, el gobernador José Manuel de la Sota decidió adelantar su regreso de un viaje oficial a Colombia. Las autoridades provinciales y los representantes de los uniformados se reunieron, pero no lograron destrabar el conflicto. Dos supermercados de la capital denunciaron saqueos por parte de vecinos.

Los efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP) se acuartelaron en una sede del barrio Cerveceros, al sudeste de la ciudad de Córdoba, y elevaron un petitorio al gobierno provincial. Un grupo numeroso de esposas de los agentes se concentró en la puerta de la sede con carteles que expresaban los reclamos. María José, esposa de un agente de 22 años de servicio, dijo que su marido cobra siete mil pesos mensuales y que para “subsistir” los policías “debe hacer adicionales y así se pierden de la vida familiar”. En el transcurso del día se plegaron y apoyaron la protesta efectivos de Villa Carlos Paz, La Falda, Río Primero, Río Cuarto, Cosquín y Villa María. El número total de uniformados en protesta rondaba los tres mil. En Córdoba, la policía cuenta con 20 mil efectivos.

El petitorio elaborado por los policías tiene 14 puntos, entre los cuales se incluye el reclamo de un sueldo básico de 13 mil pesos –hoy en día el básico oscila en los 6 mil pesos–, proporcionalidad en los aumentos, un plus para los que trabajan en la calle, créditos blandos para viviendas y que no haya sanciones para los manifestantes. Además, los efectivos denunciaron falta de insumos, malas condiciones edilicias en las comisarías y mal estado de los vehículos.

Ayer a la tarde, el gobierno provincial había convocado a “una mesa de diálogo” al abogado de los acuartelados, Miguel Ortiz Pellegrini, y a un grupo de mujeres, familiares de los uniformados, que fueron designadas para participar de la negociación. El jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, analizaron los reclamos con los representantes de los policías, para buscar “una solución que permita superar el diferendo”. Sin embargo, fuentes de la gobernación informaron que, tras el encuentro, no se había logrado superar el conflicto.

Unas horas antes, el abogado Pellegrini y las mujeres de los efectivos se habían reunido con el jefe de policía, César Almada. Luego del encuentro, las partes informaron que no se había llegado a un acuerdo por el reclamo salarial, aunque se lograron avances en otros puntos, como fue el caso de no sancionar a los efectivos que participan de la protesta. Las esposas de los efectivos y el abogado Pellegrini ratificaron, a la salida de la reunión, que continuará la medida de fuerza. Almada, por su parte, explicó que el reclamo salarial debía ser derivado a las autoridades provinciales para que ellos dieran una respuesta. “Fuimos atendidos muy bien. Hay peticiones que exceden las competencias del jefe. Esperaremos a ver qué nos dicen. Continúa la medida”, aseguró Ortiz Pellegrini.

El conflicto sorprendió al gobernador De la Sota en un viaje a Colombia, donde participaba de una reunión de mandatarios provinciales. Desde la gobernación informaron que De la Sota se encontraba, ayer a la tarde, en una escala en Panamá, intentando regresar de urgencia.

Además, dos sucursales de una cadena de supermercados cordobesa fueron saqueadas por unas cincuenta personas en el barrio SEP, a escasas cuadras de la sede donde los policías realizaban el acuartelamiento. Tras los ataques, los comerciantes dispusieron cerrar sus negocios hasta que la policía reanude los patrullajes.

El legislador socialista de Córdoba Roberto Birri advirtió que el “malestar” de los policías es “parte de la crisis en materia de seguridad que el gobierno intenta desconocer”.