SOCIEDAD › RECHAZAN UN DECRETO DE MACRI

Los gerentes al poder

Integrantes de las juntas de doce comunas porteñas presentaron ayer una acción de amparo contra el decreto del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que designa en todas las comunas porteñas gerentes que dependen directamente del Ejecutivo. También denunciaron penalmente a Macri y a su jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. En la Legislatura, el kirchnerismo, a través de la diputada María Rosa Muiños, presentó un pedido de informes y una declaración de repudio a la medida.

Acompañados por los diputados Pablo Bergel y Gustavo Vera (Verde Alameda), Alejandro Bodart (MST) y Marcelo Ramal (FIT), los comuneros presentaron un pedido de nulidad y la inmediata suspensión del decreto 251/2014 por medio del cual el jefe de Gobierno “intervino el funcionamiento de las comunas avasallando las competencias de las juntas comunales”, afirmaron.

En cuanto a la denuncia penal, está orientada a que se investigue por este hecho la conducta de Macri y Rodríguez Larreta por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

“Una vez más el macrismo intenta destruir el proceso de construcción de las Comunas porteñas, unidades de gestión territorial y democracia participativa creadas por la Constitución de 1996”, advirtieron los comuneros en un comunicado.

Las quince comunas son gobernadas por una Junta Comunal de siete miembros, electos por voto popular. Cuentan con un Concejo Consultivo Comunal integrado por organizaciones vecinales.

“Mediante ese decreto, Macri considera a las Comunas como una mera dependencia del Poder Ejecutivo, creando con ese propósito nuevas gerencias y subgerencia con las funciones y competencias que la Constitución y la Ley 1777 reserva a las juntas comunales, que quedan así como un mero objeto decorativo”, dicen los legisladores.

Para Muiños, “la norma constitucional es clara y estipula que la organización y competencias de las comunas, preservando la unidad política y presupuestaria, así como el interés general de la Ciudad, deberá realizarse por medio de una ley sancionada con mayoría de dos tercios del total de la Legislatura”.

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