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El Vaticano expulsará a los obispos que encubran o no investiguen denuncias sobre posibles casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables, según decretó el papa Francisco en la bula pontificia Motu propio, difundida ayer por la Santa Sede. En el texto, Francisco dejó en claro que, en los casos de pedofilia, la omisión de actuación por parte de las autoridades eclesiásticas correspondientes puede llevar la pérdida del cargo, aún cuando quede demostrado que los clérigos no tengan “una grave culpa moral” por sí mismos. “En el caso de abuso de menores o adultos vulnerables, es suficiente que la falta de diligencia sea grave”, señaló el decreto dictado por el Vaticano.

“El obispo diocesano o aquel que, aunque de forma temporal tenga la responsabilidad de una Iglesia particular, o de otra comunidad de fieles puede ser removido de su cargo legítimamente si por negligencia ha cometido u omitido actos que hayan causado un grave daño a los demás, sea que se trate de individuos” o de “una comunidad en su conjunto”, se especificó en el comunicado. La medida se puede tomar en un caso donde “el daño” pueda ser “físico, moral, espiritual o patrimonial”, agregó.

El pontífice recordó que el derecho canónico prevé la posibilidad de apartar del oficio eclesiástico “por razones graves” y puntualizó que, entre esas “razones graves”, se encuentra la negligencia de los obispos en el ejercicio de sus funciones, en particular en relación a los casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables.

El motu propio es una Carta Evangélica del papa, escrito por iniciativa propia, sin requerimiento de sus cardenales o asesores. En la mayoría de los casos, como ocurre en este, se trata de modificaciones menores del derecho canónico ya existente. La Carta Apostólica se denomina “como una madre amorosa” y en ella, el Papa señaló que la Iglesia “ama a todos sus hijos, pero cuida y protege con especial afecto a los más débiles y sin defensa’’.

Por esa razón, los pastores y sobre todo los obispos, deben “mostrar una diligencia especial en la protección de los más débiles, entre las personas que se le encomiendan’’. Francisco recordó que en el derecho canónico está prevista la destitución del oficio eclesiástico por “causas graves”. El papa agregó que “con la presente” carta “quiero precisar que entre estas llamadas ‘causas graves’, se incluye (desde ahora) la negligencia de los obispos en el ejercicio de sus funciones, en particular en lo que se refiere a los casos de abusos sexuales contra menores y adultos vulnerables’’.

Se aclaró que no se trata de un decreto que modifique un “proceso penal, porque no se trata de un ‘delito’ cometido’’, subrayó por medio de un comunicado dado a conocer por el cura Federico Lombardi, sino de la “actualización” de una disposición del derecho canónico que ya existe. La nueva disposición “entrará en vigor el 5 de septiembre”.

En la carta apostólica, el papa explicó que para la remoción en el caso de abuso de menores, “es suficiente que la falta de diligencia sea grave’’, mientras que en otros casos se requiere una falta de diligencia “muy grave”, precisó Lombardi.

Por tratarse de decisiones importantes, Francisco anunció la creación de un Colegio de Juristas, formado por cardenales y obispos, que asistirá al papa antes de tomar una “decisión definitiva”. Los obispos acusados podrán defenderse de las acusaciones de negligencia ante los dicasterios (ministerios) competentes. Una vez tomada la decisión, si el obispo se niega a presentar la renuncia en un plazo de 15 días, el pontífice podrá destituirlo sin más trámite. La actualización del derecho canónico no tiene efecto retroactivo, según señaló el vocero vaticano.

Entrevistado por la agencia católica de noticias I-Media, Lombardi dijo que este motu propio, no tiene relación con ningún caso en particular. La disposición papal se dio a conocer en un momento en que la Iglesia Católica está sacudida en su fuero interno por casos de pederastia en la diócesis francesa de Lyon que han salpicado al cardenal francés Philippe Barbarin. El 20 de mayo, el papa recibió a Barbarin en el Vaticano, a pesar de que pesan sobre el cardenal francés dos investigaciones preliminares, en Francia, por “no denunciar” agresiones sexuales cometidas contra menores entre 1986 y 1991 por un sacerdote de la diócesis de Lyon.

Otro caso muy sonado es el del influyente cardenal australiano George Pell, encargado de las finanzas del Vaticano, quien descartó la posibilidad de renunciar a su cargo, a pesar de las denuncias por abusos sexuales contra menores que involucran a varios curas. El papa Francisco ha pedido en repetidas ocasiones castigar severamente a los culpables de abusos sexuales contra menores y decretó la “tolerancia cero” frente a un delito que calificó de “tragedia”.

El papa ha dicho en varias ocasiones que los obispos que han protegido a pederastas “deben renunciar”, a la vez que creó en el Vaticano una instancia judicial para juzgarlos y una comisión internacional de expertos encargados de proponer medidas de prevención. Por otro lado, se ha reunido con víctimas de abuso en Roma y en Filipinas.

Sin embargo, a pesar de todos los anuncios y medidas, una asociación que agrupa a las víctimas de abusos sexuales, la SNAP, se declaró “extremadamente escéptica” sobre la aplicación práctica de las disposiciones. “Tememos que (esta nueva causa que permite revocar a los obispos) vaya a ser utilizada una o dos veces, rápidamente, y luego olvidada”. Concluyó diciendo la SNAP que “no son los procedimientos los que protegen a los niños, sino las acciones”.