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Desde hace días, el secuestro de Ernesto Rodríguez, padre del Corcho Rodríguez, se mantiene sedado, aplastado bajo el silencio de los protagonistas y el ruido de otros hechos que le han robado atención. Pero el silencio no es indicio de quietud. Ya estaba todo resuelto para el pago y la liberación. Pero entre el 31 y el 1º, un allanamiento en la villa Cri Cri de Castelar, siguiendo la señal de un celular, desató la ira de la banda. El Corcho recibió un mensaje de alerta: “O la paran, o a tu viejo no lo volvés a ver”. Si el caso ya era hermético, a partir de entonces desapareció de los medios. Como ya había anticipado Página/12, la historia del vigilador de la agencia inexistente Carlos Reyes, bajo la supervisión de su hermano, uniformado en funciones, abría muy fuertes indicios de que existió una zona liberada en General Rodríguez. Ahora, esos indicios no sólo se confirman sino que se amplían. Una fuente directamente ligada a la investigación reveló el estado de situación: “En la fiscalía (federal) de (Jorge) Sica –relató el investigador–, están convencidos de que en algunos tramos de la banda participa mano de obra retirada, y creen que no tan retirada también”.
La revelación es impactante y al mismo tiempo no resulta inesperada. El relato de los hechos deja entrever una serie de pistas que desembocan en al menos un par de uniformes en uso o en desuso. El 23 de diciembre pasado, entre las 7.30 y las 8 de la mañana, Ernesto Rodríguez, de 74 años, acompañado por Irma, su pareja, fue interceptado cuando conducía su VW Polo saliendo de su quinta El Despertar, en General Rodríguez, a la altura del kilómetro 41,500 de la Autopista del Oeste. Dos vehículos, entre ellos un Renault Clio que había sido robado días antes en San Miguel, cruzaron al Polo. Tres hombres bajaron, treparon al Polo de Rodríguez y luego de avanzar un trecho liberaron a la mujer.
El único testigo del secuestro, al menos conocido, fue el vigilador privado Carlos Reyes. Como anticipó este diario, Reyes había sido exonerado de la Bonaerense el año pasado por el ex ministro de Seguridad Juan Pablo Cafiero, tras un prolongado sumario abierto en el ‘99 tras una rinoscopia cuyos resultados, según revelaron fuentes ministeriales a Página/12, habrían golpeado las aspiraciones del ex bonaerense.
Reyes se refugió bajo el ala de su hermano, actual suboficial principal de la Bonaerense que en el momento del secuestro se desempeñaba en la DDI de Mercedes pero con asiento en General Rodríguez. Bajo el ala significó un trabajito de vigilador en una agencia trucha conformada por policías retirados y en actividad, que cobraba o cobra a los vecinos 25 pesos por casa a custodiar. Un trámite semejante realizaba Capone bajo el eufemismo de cobro de protección. Las evidencias indican que esa protección es de sí mismo. El relato de Reyes, Carlos, no cerraba a los investigadores. Dijo que vio todo pero no pudo denunciar de inmediato el hecho porque no tenía handy ni celular. Encontrar un medio de comunicación le demoró alrededor de una hora y media. Para entonces, con quien tomó contacto fue con su supervisor, a quien denunció el hecho. El supervisor era su hermano.
Reyes, el suboficial principal de la DDI de Mercedes, sigue ostentando el mismo cargo, pero ya no pertenece a la DDI dirigida por el subcomisario Oscar Fritz. Tras la publicación del informe de Página/12, la Bonaerense optó por lo que suele optar en situaciones críticas: castigó al cuestionado con un escudo. Fue derivado al Comando de Patrullas de Moreno. Públicamente, se lo denomina freezer o castigo. En la jerga la movida es más conocida como “protectiva” o “alejar del ruido”.
Las sospechas de la fiscalía federal de Jorge Sica sobre al menos el vigilador Reyes motivó que lo volvieran a citar para repetir su declaración. Como anticipó este diario, los Reyes dejaban abierta la puerta a la sospecha de una zona liberada.
Pero la zona liberada sería apenas un detalle si se siguen de cerca las hipótesis más vigentes entre los investigadores: la participación policial en uno o más de uno de los tramos de la banda. Entre el último día del añopasado y el primero del corriente, la banda realizó un llamado al Corcho Jorge Rodríguez. La alta profesionalidad de la banda quedó en evidencia: según reveló una fuente directa del caso, el llamado se hizo “desde un celular en movimiento” para evitar la detección. “Sica dividió la investigación en tres partes –confió la fuente–, la parte de la negociación la dejó en manos de los federicos (la Federal). Las escuchas en teléfonos de línea a los bonaerenses y las de celular a la Side.” El llamado de la banda había sido convenido: una grabación con la voz del padre le decía al Corcho “quedate tranquilo, está todo bien”. A esa altura, el pago y la liberación eran un hecho.
Pero el llamado fue detectado entre las celdas de las antenas de Moreno y Castelar. Inmediatamente se ordenó un allanamiento en la villa Cri Cri, de Castelar. Como respuesta, el Corcho recibió un llamado de los secuestradores encolerizados: “O la paran o no ves más a tu viejo”, lo amenazaron. A partir de entonces, la movida oficial dio marcha atrás y todo quedó en manos de las comunicaciones entre el Corcho, la banda y las interpretaciones del silencio. El pago se detuvo y la liberación también.
Tamaña sofisticación y conocimientos técnicos de parte de la banda empezaron a confirmar las sospechas: “Los investigadores están convencidos de que en la banda participa mano de obra retirada”. Lo de retirada parece ser un eufemismo.