El derrame en la mina Veladero se sigue extendiendo, ya no sobre las aguas sino sobre la administración sanjuanina y la nacional. Mientras el gobernador Sergio Uñac cambió al responsable de la Policía Minera durante un acto realizado ayer en la casa de gobierno provincial, su ministro de Minería, Alberto Hensell, no descartó que haya más cambios en esa área de gobierno. Paralelamente, los ministros del gobierno nacional de Medio Ambiente y Energía, Sergio Bergman y Juan José Aranguren, quedaron involucrados en la investigación por el derrame de cianuro que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

Por otra parte, la minera Barrick Gold dijo que acatará las disposiciones del gobierno en torno a las mejoras en el área de cianuración de la mina y que se presentará ante la justicia. También aseguró que mantendrá el pago de los sueldos a su personal mientras dure la suspensión impuesta por el juez Pablo Ortija.

Uñac decidió la salida del anterior secretario de Gestión y Control Ambiental Minero, del Ministerio de Minería, Marcelo Ghiglione, y lo reemplazó por Eduardo Machuca, para “restablecer la confianza de la sociedad hacia el sector minero y hacia el desarrollo de la actividad”. En la nueva gestión, Machuca estará acompañado por Eduardo Maidana como secretario técnico, en reemplazo de Juan José Balmaceda.

Los cambios realizados en la administración llegan después de las cuatro causas judiciales que pesan sobre la mina por los derrames –de 2015 y el 8 de septiembre pasado– y las manifestaciones de los asambleístas de Jáchal.

El gobernador que dijo no imaginar a San Juan sin minería, pero tampoco sólo con minería, consideró que el vertido ambiental “debe ser un punto de inflexión que debe desembocar en el fortalecimiento de la actividad”, y agregó que “decimos minería si, con el control del Estado y de la empresa”. En este sentido, remarcó que “el estado debe extremar controles, porque eso es una responsabilidad que no se debe delegar”. “No podemos estar explicando cada tanto por qué se produjo tal o cual evento, siempre entendiendo que en la industria suceden”, dijo, y marcó que “los empresarios deben entender que no podemos suplir la falta de responsabilidad con el exceso de control”.

Machuca, el nuevo responsable de la policía minera, que viene del sector privado, dijo que “nos vamos a modernizar, vamos a computarizar todo, porque hoy todo está en carpetas y las empresas se manejan con programas de control ambiental, entonces yo tengo que poder seguir en vivo y en directo lo que está pasando”.

Adelantó que se harán cambios para mejorar el control de la mina con cámaras de seguridad on line las 24 horas, que se destinará una mayor cantidad de efectivos y de vehículos al control. Y que se exigirá a la operadora Barrick Gold el mantenimiento permanente de todas las instalaciones ya que la firma hace diez años que está en el país.

A nivel nacional, el juez federal Sebastián Casanello busca saber si el gobierno de Mauricio Macri hizo gestiones para que Barrick cumpla con la ley de glaciares.

En esta investigación, será el fiscal federal Ramiro González quien deberá resolver si imputa formalmente a Bergman, a Aranguren y a funcionarios del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales y del Consejo Federal de Medio Ambiente.

Por esa causa ya están imputados funcionarios de la gestión anterior, como el ex secretario de Minería Jorge Mayoral; el presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé; el secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y directivos de Barrick Gold.