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Suele ser la pelea desigual entre un pueblo originario contra un gran terrateniente o una gran empresa. Casos que, la mayoría de las veces, terminan con los dueños ancestrales fuera de su tierra. Con este marco, el Gobierno envió ayer al Congreso un proyecto de ley para declarar por cuatro años la emergencia en propiedad y posesión de tierras ocupadas ancestralmente por los pueblos originarios y suspender durante el mismo período los desalojos. El objetivo final, según afirmaron, es que en ese lapso se otorguen los títulos de propiedad comunitarios a las comunidades indígenas. Aunque no se detalló cómo se implementará el beneficio, se resaltó que sólo será para las comunidades que estén inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci) o ante el organismo provincial competente, un requisito que por el momento no todas las comunidades pueden cumplir.
“Que se declare en todo el territorio nacional la emergencia en materia de propiedad y posesión de tierras que, tradicionalmente, hubieran sido ocupadas por comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviere debidamente registrada. Asimismo, se suspende, por el término de la emergencia, el trámite de ejecución de las sentencias de desalojo”, señala el proyecto del Ejecutivo presentado ayer en Casa de Gobierno. El jefe de la bancada oficial, José María Díaz Bancalari, anunció que el tratamiento será inmediato.
A diez años de la reforma constitucional que señala el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, y aunque no hay números oficiales, todos los actores involucrados reconocen que sólo un número ínfimo de comunidades cuenta con títulos comunitarios de sus tierras. Tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como los pueblos originarios identifican tres grandes actores que poseen o pretenden las tierras ancestrales: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las empresas privadas, muchas de ellas extranjeras. En el caso de las compañías, los desalojos compulsivos se incrementaron en los últimos años a raíz de la devaluación y los beneficios de exportar, lo que ocasionó un incremento de hectáreas cultivadas, sobre todo de soja.
El proyecto de ley también pretende que por el término de dos años las comunidades aborígenes puedan presentarse ante el INAI a fin de llevar a conocimiento de las autoridades la existencia de conflictos judiciales respecto del dominio o la posesión de las tierras ancestrales.
El vocero de la Organización Mapuche Tehuelche 11 de Octubre, Mauro Millán, dio la bienvenida a la posibilidad de la suspensión de los desalojos, pero advirtió que “la forma de acceder a las personerías es altamente burocrática, casi imposible para las comunidades que viven en zonas rurales, y muchas veces es parte del botín político de las provincias”.
La Comisión de Población del Congreso impulsa desde hace meses dos proyectos de ley en el mismo sentido. Uno de Marta Maffei (ARI), que pide la suspensión por cinco años de los desalojos y reubicación de las comunidades ya expulsadas. Otro pertenece a la diputada socialista María Elena Barbagelata, sobre propiedad comunitaria indígena. “Me alegro de que se avance en ese sentido, sin importar de quién sea el proyecto, es una deuda para con los pueblos originarios que es prioritario y urgente saldar”, dijo Barbagelata a Página/12.
El titular del INAI, Jorge Rodríguez, reconoció ayer que la mayor cantidad de conflictos está en el noroeste y el noreste del país, que son de un valor económico “sumamente alto porque se utilizan para el cultivo de caña de azúcar, algodón o soja. Por ello se generó un mercado especulativo inmobiliario en el que estas tierras toman un valor que antes no tenían”. La otra zona de conflicto permanente es la Patagonia, donde también las empresas privadas o los grandes terratenientes exhiben título de propiedad frente a la posesión ancestral de las comunidades.

Informe: Darío Aranda.