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Lo que se inició como una historia de amor que se desarrollaba en la clandestinidad terminó transformándose en la lucha por un derecho. A partir de la presentación judicial de una pareja homosexual que se encuentra privada de su libertad en una cárcel de la provincia de Córdoba, la Justicia los autorizó a través de un fallo inédito a tener visitas íntimas, igual que como ocurre con los heterosexuales. A pesar de que la medida no tiene un alcance general, la decisión judicial establece un precedente para que otras parejas soliciten las visitas.
Un interno homosexual del Complejo Carcelario Nº 1 Reverendo Padre Luchesse había sido sorprendido por los guardias cuando mantenía relaciones sexuales con su novio, con quien tiene una relación de seis años y había sido detenido junto con él. Ante esa situación, las autoridades del penal les impusieron un castigo de cinco y de siete días en celda de aislamiento, respectivamente. La pareja consideró que la determinación era injusta y uno de ellos recurrió a su juez de ejecución de sentencia, el presidente del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Córdoba, José Pérez Villalobo, para apelar la sanción.
Con esa presentación judicial comenzó a asomar la discriminación a la que el sistema carcelario somete a los presos homosexuales. Tanto el fiscal del caso, Miguel Angel Rizzo-tti, como el defensor oficial, Marcelo Arrieta, preguntaron al Servicio Penitenciario de la provincia cómo era el régimen de visitas íntimas que tenía la pareja y que podrían haber violado. La respuesta fue contundente: “La ley penitenciaria nacional 24.660 y el reglamento interno del Complejo Carcelario Nº 1 Reverendo Padre Luchesse no estipulan visitas íntimas para internos homosexuales”. De modo que no podían estar incumpliendo aquello que no existe.
El fiscal consideró que “el privar al interno de sus visitas íntimas y de sus libres relaciones sexuales es ir más allá de la pena impuesta en la sentencia y afecta las relaciones personales y la libre elección sexual, que hacen al desarrollo integral de la personalidad”.
A partir de la presentación, “comenzamos a analizar qué dicen los reglamentos y la ley y observamos que hay un vacío en cuanto al tratamiento de los homosexuales” en los penales donde cumplen condenas, explicó a Página/12 el juez Villalobo. Y aseguró que “la ley tampoco prohíbe expresamente” las visitas íntimas entre homosexuales, por lo que se trata de “una cuestión de interpretación”, indicó.
Aunque el juez ordenó que se mantengan las sanciones “porque de acuerdo con lo que está acreditado en autos, se los había encontrado haciendo el amor en lugares no adecuados”, también estableció que “si ellos piden, como cualquier pareja, tener relaciones sexuales en lugares, formas y momentos en que el Servicio (Penitenciario) lo disponga, siempre de acuerdo con la óptica de la seguridad que deben tener, que se lo permitan”.
“Lo que buscamos por medio de un análisis antidiscriminatorio fue no aplicarles otra condena, que sería no permitirles ver a sus afectos”, explicó el juez a este diario. Además, afirmó que “el caso es un precedente que podría hacer que aparezcan otros similares, y con el tiempo hasta sería de esperar que se modifique la ley penitenciaria”.
“Es un fallo atípico y de vanguardia, tendiente a la defensa de uno de los derechos humanos, como es el de la sexualidad, de quienes se encuentran privados de la libertad”, se alegró ante este diario Daniel Barberis, de la Fundación de Detenidos Sociales (Fundeso). “No hay una política del SP al respecto y por eso tuvieron que recurrir a la Justicia. Demostraron valentía al enfrentar la visión retrógrada del sistema penitenciario. El tema es ahora ver cómo vamos a hacer para que se cumpla el fallo en ese contexto tan desfavorable”, señaló.

Informe: Lucas Livchits.