[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

A pesar de las encendidas protestas que en su momento hicieron famoso el caso como un posible abuso policial, ayer un tribunal de La Matanza condenó a tres jóvenes por el crimen de Diego Lucena, asesinado al salir del boliche Invasión Tropical, en Isidro Casanova, en junio de 2004. Su familia, a través de los abogados querellantes, pidió en el juicio oral que se liberara a los acusados. Considera que fueron usados como chivos expiatorios para proteger a los policías.
La madrugada del domingo 19 de junio, Diego Lucena junto a tres amigos y una amiga fueron a la disco, ubicada en la Ruta 3 al 7700, en el cruce con Amambay. Alrededor de las cuatro de la mañana, adentro del boliche se inició una gresca que terminó, como suele ocurrir, con la intervención de los patovicas. Los fortachones sacaron del lugar a Diego, a uno de sus amigos y a dos del otro bando. Los echaron por la puerta trasera. Cuatro horas después el cuerpo de Lucena fue hallado por una vecina a una cuadra de la disco. No tenía ni zapatillas ni campera. Lo encontraron boca abajo, con el brazo izquierdo doblado por la espalda y golpes en los laterales del cráneo. Lo habían asfixiado pasándole un brazo por el cuello.
Después de incontables denuncias sobre la posible participación policial por parte de amigos y familiares, los que fueron condenados son tres jóvenes: Carlos “Cali” Alkhanian –3 años y 3 meses–, José “Peque” Brito y Walter “Waly” Sadías –ambos con 3 años y medio de prisión–. Los condenó el Tribunal Oral en lo criminal cuatro (TOC4) de La Matanza. Los jóvenes fueron hallados responsables del delito de “homicidio en agresión” porque los jueces no pudieron establecer quién de ellos fue el ejecutor de la golpiza que causó la muerte a Lucena.
Además el tribunal condenó al joven Martín Britez a la pena de 3 años y dos meses de prisión como autor del delito de encubrimiento y falso testimonio: fue el único testigo que había dicho que los homicidas fueron policías. El fiscal Javier González había pedido seis años de cárcel para los acusados por considerar que eran autores del delito de homicidio en riña con autores ignorados, castigado con penas de dos a seis años de prisión.
Los padres de Diego, Lidia y Roberto, sus seis hermanos y los vecinos de la familia marcharon cuatro días después del crimen: acompañados de militantes políticos de izquierda y organizaciones sociales protestaron ante la disco. Desconocidos entraron al lugar y no dejaron nada en pie al tiempo que quemaron un patrullero. Ayer se manifestaron en contra del fallo. Dijeron otra vez que fue la policía.