Todos los chicos del país tendrán que ser testeados para ver si padecen el mal de Chagas: la disposición forma parte de la nueva ley nacional para el control de esa enfermedad. La ley también requiere el testeo de todas las mujeres embarazadas y de los recién nacidos hijos de madres seropositivas. Las obras sociales y prepagas quedan obligadas a proveer diagnóstico y tratamiento para esta enfermedad. Aceptando por fin un largo reclamo de los afectados, la normativa también prohíbe a los empleadores incluir el test de Chagas entre los exámenes preocupacionales; la ley anterior, al revés, exigía este requisito, que sólo servía para negar empleo a los infectados, quienes en la gran mayoría de los casos están en perfectas condiciones para trabajar. De ahora en más la condición de cada persona con relación al Chagas, como ya sucede con respecto al sida, quedará resguardada por la ley de protección de datos personales. Ciertamente, la ley (sujeta a la adhesión de cada provincia) no resolverá por sí sola el problema de esta enfermedad que afectaría a más de dos millones de personas; siete provincias están en situación de “alto riesgo” y en todas, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, se registra la trasmisión madre-hijo. El Chagas es considerado una enfermedad “huérfana”: la persistencia de su transmisión por la vinchuca –ya erradicada en Brasil y también en algunas provincias como Jujuy– señala las limitaciones del sistema de salud para hacerse presente en las comunidades, y la falta de investigación sobre nuevos medicamentos señala la marginación de quienes padecen la enfermedad.

Según la nueva ley, aprobada la semana pasada, “es obligatoria la realización de las pruebas diagnósticas de la enfermedad de Chagas en niños y niñas, al cumplir los seis y los 12 años”. Andrés Ruiz, director del Instituto Nacional de Parasitología Fatala Chabén, explicó que “incrementar la detección en chicos es esencial, ya que el Chagas puede curarse por completo si se trata antes de los 15 años; después, los medicamentos ya no logran el mismo resultado”. El diagnóstico se hace por análisis de sangre, si bien, según precisó Ruiz, “alcanza con una gotita que se saca del dedo”. Susana Fernández Carral, titular del Programa Federal de Chagas del Ministerio de Salud, señaló que “el testeo podría hacerse en los colegios, por acuerdo con las autoridades educativas, o quizá cuando se lleva a los chicos a renovar su documento de identidad”. Esto se precisaría en la reglamentación de la ley. Según comentó la funcionaria, “hay provincias que ya han iniciado el screening de los chicos al entrar en la escuela, como San Juan, y Córdoba; también hay experiencias en la ciudad de Buenos Aires”.

La ley también obliga al testeo “en toda mujer embarazada y en los recién nacidos, hijos de madres infectadas, hasta el primer año de vida y en el resto de los hijos de las mismas madres menores de 14 años”. Fernández Carral explicó que “un bebé nacido de madre chagásica, aunque el test resulte positivo, no necesariamente queda infectado: hay que esperar a que cumpla un año para saber si el test se revierte o no, pero lo que suele suceder es que, en ese lapso, el sistema de salud suele perder de vista a esa madre y su hijo”.

La relación entre el sistema de salud y la población resulta también crucial en el control de la transmisión del Chagas por su vector principal, la vinchuca. En Brasil, esta forma de transmisión logró ser eliminada, gracias a que, mediante una política de Estado sostenida a lo largo de los años, se consolidó un sistema de salud con presencia en las comunidades, donde los agentes sanitarios detectaban –junto con otros muchos problemas sanitarios– cada vivienda infectada. En la Argentina, la transmisión por vinchuca logró cortarse en la provincia de Jujuy, que desde la época de Salvador Mazza (descubridor de la enfermedad que en realidad se llama “de Chagas-Mazza”) desarrolló un sistema similar. Según Fernández Carral, “a diferencia de la ley anterior, que databa de la última dictadura y sostenía un criterio verticalista, el enfoque de la nueva ley ayudará a fortalecer la acción de las provincias y sus municipios, financiada y controlada por la Nación”. Las provincias consideradas “de alto riesgo” en Chagas, por la cantidad de vinchucas y de infecciones agudas, son Santiago del Estero, Chaco, Formosa, La Rioja, San Juan, Mendoza y parte de Córdoba.

El texto de la nueva ley también establece que “la seguridad social y las entidades de medicina prepaga deben reconocer en su cobertura los tests diagnósticos y el tratamieno de la enfermedad”. Según destacó Ruiz, “esto permitirá exigirles que apliquen las dos técnicas de diagnóstico que exige el consenso médico para el Chagas; hasta ahora solían utilizar una sola”.

La ley hace lugar al reclamo de diversos profesionales e interesados para que se anulara la obligatoriedad de incluir el test de Chagas en los exámenes preocupacionales: “Sólo sirvió para que los empleadores discriminaran a la gente que testeaba positivo, negándoles el empleo sin siquiera comunicarles el motivo. La nueva ley prohíbe expresamente incluir este análisis entre los preocupacionales e incluye la información diagnóstica sobre Chagas entre los preservados por la Ley 25.236, de Protección de Datos Personales. Por lo demás, subrayó Fernández Carral, “sólo el 20 por ciento de los infectados llega a enfermar en el transcurso de su vida. Además, todos deberían saber que la persona infectada o enferma no puede contagiar, ya que el trypanosoma cruzi sólo se adquiere por picadura de vinchuca o transmisión madre-hijo”.

Cierto que ese 20 por ciento es mucha gente: los últimos datos nacionales disponibles datan de 1993, cuando se efectuó por última vez el chequeo masivo a quienes ingresaban al servicio militar obligatorio; entonces, resultó que 2.300.000 habitantes estaban infectados. Según anunció Ruiz, “ya está aprobado el diseño de una encuesta nacional para actualizar los datos”.