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La secretaria ejecutiva del Comité Científico Asesor en Materia de Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja recibe a Página/12 después de un largo silencio mediático. Habla cuando tiene algo que anunciar, siempre ha sido así. Una vez hecho el anuncio se permite reflexionar, con una mezcla de franqueza y cautela, sobre la corrupción policial, la falta de una política de drogas seria, las estructuras judiciales que la limitan a investigar como fiscal y sobre la buena salud del narcotráfico y sus nuevas estratagemas. Deja para lo último la manipulación mediática. “Creía que no se entendía el tema, ahora veo que está muchas veces mal instalado porque se perjudican intereses”, asegura.

–Usted planteó un mapa del narcotráfico en la Argentina junto al fiscal Carlos Rívolo en 2006. ¿Cómo ve la situación ahora?

–Bueno, entonces decíamos que éste era un país de tránsito donde pasaban grandes cantidades de cocaína y que para que ingresen había nichos de corrupción y zonas sensibles al narcotráfico. Esto no es Cáritas sino un negocio dentro de un negocio internacional, no buscan que las 700 toneladas de cocaína de Colombia, Perú y Bolivia queden en el mercado argentino, sino que lo que se busca obtener es la mayor rentabilidad traficando a Europa. Eso sigue pasando y se ha consolidado.

–¿Es lo que posibilita la aparición de nexos de supuestos carteles narcos?

–No. Ahora lo que se advierte son franquicias, nadie hace todo el circuito entero. Es un fenómeno que va mutando. Entonces hay unos que cultivan, otros que transportan, otros que se encargan de la introducción y de ver de qué manera logran connivencia oficial para ingresar una sustancia prohibida por la frontera porque, digamos, requiere una ingeniería y una logística determinada. Otros se encargan del trasporte dentro del territorio nacional y otros de los contactos para la salida. Como usted comprenderá, la cocaína no va a salir por sobres. La mayoría de los cargamentos salen por vía marítima y la provincia de Buenos Aires tiene los puertos más grandes: Zárate-Campana, Bahía Blanca y el puerto de Mar del Plata. Ese control político y de seguridad le corresponde a la Policía Bonaerense porque está dentro de su territorio y éste es un país federal.

–Cuando habla de franquicias, infiero que nadie maneja todo el negocio...

–No se puede. Todo está tercerizado.

–Por lo que usted dice, parecería que la Policía Bonaerense es parte.

–Bueno, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni dijo que no puede haber narcotráfico sin connivencia oficial. Esta no es una frase nimia, es grave, seria. El narcotráfico busca corromper a funcionarios de la fuerza, del poder judicial, del ministerio público. Zaffaroni lo relaciona con un error político de Daniel Scioli de darle más autonomía a la policía bonaerense y desgraciadamente los hechos le siguen dando la razón.

–¿Es todo responsabilidad de los agentes bonaerenses?

–Eh, bueno. El narcotráfico es un fenómeno complejo. ¿Qué es la provincia de Buenos Aires? Están el conurbano y el interior de la provincia. El conurbano es distribución y la provincia en sí son los tres puertos. Hasta ahora el control sobre los puertos es deficitario por los reportes internaciones que tenemos. La cocaína incautada en España, Portugal o incluso Australia siempre ha salido por estos puertos. Lo que significa que la actividad de prevención es mala.

–Por las palabras de Scioli, da la sensación de que se libra un intenso combate contra el narcotráfico.

–La provincia de Buenos Aires es la única que adhirió a la desfederalización de las causas menores relacionadas con el narcotráfico y lleva entre el año pasado y éste más de 10 mil procedimientos antidrogas. Pero el éxito no se mide por la cantidad de decomisos. Si la mayoría de los decomisos son de tenencia para consumo, pequeño comercio y en la calle, sin inteligencia previa, si no puedo determinar que lo incautado es lo mismo que se destruye al final de un proceso, si no puedo controlar la calidad de la sustancia que la fuerza está destruyendo, si de esas más de 7 mil detenciones o de 10 mil causas los jueces no llegan ni al 5 por ciento en fijar procesamientos con prisión preventiva, es que es un fracaso.

–¿Es posible que no se destruya la droga incautada?

–Dije que se destruye algo, pero no hay establecido un mecanismo dentro de la fuerza de seguridad que permita cruzar lo decomisado, la pericia de cuál es la sustancia de corte, saber la calidad de lo decomisado y al momento de la destrucción, que es una orden que da el juez, ver si es lo mismo. Y si no es lo mismo, adivinen quién se la pudo haber quedado, no hay mucha gente.

–¿No está pautado que se chequee qué es lo que se está incinerando?

–No está pautado ese control. Es algo que señalamos por primera vez en el 2006 con el doctor Rívolo en el informe que el entregamos al procurador de la Nación, Esteban Righi. Al final del informe, hacemos una propuesta de lo que se debe hacer pero desde ese año hasta ahora está en estudio, con los tiempos que tiene la Procuración para estudiarlo, que son lentos. A mí no me interesa, como fiscal, si se encontraron 5, 10 o 15 kilos de cocaína. Me interesa saber si aparte de eso detuvieron a alguien, dónde estaba almacenada la droga, datos que sirvan para desbaratar a la banda completa.

–Disculpe la insistencia, ¿debemos creer que se confía en que los funcionarios judiciales y policiales no se van a quedar con nada? ¿Que no hace falta pesar de nuevo la droga antes de quemarla?

–No tiene que ver con el peso, sino con los controles de corrupción. Yo puedo tener 50 kilos decomisados y al momento de la destrucción son 50 kilos de harina.

–Esos 50 kilos de droga vuelven al mercado, es plata que se llevan la policía o los funcionarios judiciales...

–Es lo que corrompe a las fuerzas. Nadie quiere decir que Daniel Scioli es una persona deshonesta, pero yo creo que está mal asesorado en este punto. Es que quiere ver todo positivo, pero no sirve dar a la gente una imagen de que todo se controla, porque no es así. Pero no es solamente en esta provincia, pasa en otras, sensibles al narcotráfico, donde hay pistas de aterrizaje clandestinas como en Salta o en las rutas santafesinas. Es muy fácil decir “combatimos todo esto con una reforma procesal, ágil, rápida, que en 24 horas manda a alguien preso o combatimos esto con un aumento de penas”. Son fórmulas a las que han apelado en Mendoza o en la provincia de Buenos Aires. Para qué sirvió laxar las garantías y laxar el estado de derecho a los ciudadanos cuando tenemos un caso como el de Bergara, donde a un policía involucrado en el secuestro le encuentran varios panes de marihuana en la casa. La gente ve esto y los políticos pierden credibilidad.

–¿Por qué cuesta hablar de descriminalización del usuario en este contexto?

–Siempre creí, hasta un determinado momento, que era difícil porque no se lo entendía. Hoy creo que mediáticamente está muchas veces mal instalado porque se perjudican intereses de las empresas farmacológicas, de las que venden bebidas (en especial de la cerveza) y de la corporación de las fuerzas con sus nichos de corrupción. No se puede construir una norma penal en base a la moral del buen padre de familia, eso es para el derecho civil. En esto admito que hay una confusión, que se haya interpretado como que hay una liberalización de las drogas, cuando uno en verdad lo que está diciendo es que en el supuesto caso de que haya una adicción fuerte, merece una protección de tipo civil, porque mantener este tema dentro del campo penal estigmatiza a la persona, se la arruina, se la quita del sistema de salud, es imposible que consiga inserción laboral.

–Sin embargo, sus colegas fiscales siguen autorizando procedimientos contra los usuarios de drogas que no comercializan.

–Entre las propuestas que envié con Rívolo a la Procuración Nacional estaba la de modificar la resolución de política criminal de la época del procurador durante la presidencia de Carlos Menem. Hasta hoy sigue vigente esa resolución, que indica que hay que perseguir hasta los casos ínfimos, que involucrar a meros consumidores. El actual procurador no lo modificó. Sería saludable que en algún momento se modifique porque satura el sistema judicial y se utilizan recursos en materia federal que serían necesarios para las causas de fraude a la administración pública, contrabando de estupefacientes o grandes fraudes bancarios.