La candidatura a camarista penal de un magistrado santafesino fue impugnada por una organización especializada en derechos humanos de las mujeres de Rosario, por haber absuelto a un hombre acusado de abusar sexualmente de cuatro de sus hijas durante varios años. Las víctimas no sólo sufrieron el vejamen sino también, en uno de los casos, embarazos y abortos forzados. Pero en un fallo sexista, el juez de Sentencia de los tribunales de Vera, Nicolás Muse Chemes (foto), falló a favor del acusado.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe envió el pliego de Muse Chemes a la Legislatura provincial junto al de otros nueve candidatos propuestos para ocupar distintas vacantes en la Justicia. La Asamblea Legislativa está convocada para el 6 de octubre para tratar los pliegos.

La ONG cuestionó duramente el fallo de Muse Chemes: evidencia estereotipos discriminatorios por razones de género (como que las mujeres son fabuladoras; que inventan el abuso para escapar al control paterno); así como mitos sobre los perpetradores de casos de violencia de género que fueron desterrados hace años por los especialistas del tema. Uno de ellos, esgrimidos por la defensa, es que los abusadores son enfermos. La denuncia la había realizado en 2011 una de las hijas, identificada por las siglas C.E.R.

Insgenar y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) denunciaron el caso ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw), que admitió el caso.

Finalmente, el Ejecutivo provincial dictó un decreto por el cual se aprueba el “Acta de Compromiso de Solución Amistosa” entre las autoridades de la provincia y las peticionarias.

En la impugnación, la presidenta y vicepresidenta de Insgenar, Susana Chiarotti y Viviana Della Siega, señalan que las reparaciones “significan un costo considerable para la provincia de Santa Fe por lo que resulta insensato que a un juez que ha sido responsable de generar semejantes costos, además de la exposición a la vergüenza internacional por emitir una sentencia discriminatoria, se lo premie con un nombramiento para juez de cámara”.

C.E.R. tenía 19 años cuando denunció a su padre por abuso sexual incestuoso en Reconquista. La chica, hoy de 23 años, recurrió primero a la Defensoría del Pueblo en su ciudad, pero no obtuvo respuesta. Quedó sola y sin patrocinio jurídico. El fiscal que tomó su denuncia no pidió las medidas pertinentes para probar el delito que ella –y tres hermanas– habían sufrido y el juez Muse Chemes sobreseyó al acusado.