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El fin de la convertibilidad y la devaluación del peso impactarán sobre el salario medio de la economía. La magnitud del impacto dependerá, por un lado, de cómo se distribuyan los costos de la devaluación y, por otro, del comportamiento de los precios bajo el nuevo régimen monetario y cambiario. En relación con algunos de los costos que trae aparejada la devaluación, debe pensarse, por ejemplo, que si el Gobierno no hubiera decidido “pesificar” las tarifas públicas que están dolarizadas, los usuarios de estos servicios hubiesen afrontado un incremento de estos precios en pesos del orden de los $ 2600/2800 millones anuales. Cálculos similares pueden hacerse para observar la repercusión de una devaluación plena sobre un stock de 36.200 millones de dólares en créditos otorgados por el sistema financiero (hipotecarios, prendarios y personales, entre otros); o sobre los 1,3 millón de familias que alquilan sus hogares, y que en muchos casos tienen contratos en dólares.
No hay dudas de que la devaluación del peso representa una caída del salario medio. Justamente éste parece ser uno de los efectos buscados por el nuevo esquema: el “uno a uno” establecido en la convertibilidad, con el paso del tiempo, significó una paulatina pérdida de competitividad para una buena parte de los productores de bienes de exportación y de los que compiten con las importaciones en el mercado interno. El dólar barato, en particular a partir de 1995, no agregó valor a las exportaciones (pese a su importante aumento en valores absolutos), no alentó inversiones físicas, excepto en sectores con ventajas comparativas claras (agroalimentos, por ejemplo) o destinados a los servicios, y destruyó empleo en las ramas de actividad donde las importaciones captaron una porción sustancial del mercado. La paradoja es clara: salarios caros en dólares según los estándares internacionales, y una masa salarial en pesos que consume cada vez menos.
Si el nuevo régimen monetario y cambiario logra ser creíble, el cambio de precios relativos que propone la devaluación debería estimular las ventas externas con valor agregado, promover nuevas inversiones físicas en sectores exportables y en los que sustituirán importaciones, y crear más puestos de trabajo. Este proceso, inevitablemente lento, mejorará en el tiempo las condiciones de empleo y, por supuesto, también los salarios.
La pregunta de fondo, inmediata, es si la devaluación representa el regreso de la inflación a la economía argentina. Dudas sobran: en los últimos días volvieron a escena las remarcaciones de precios y sectores donde escasearon los productos (medicamentos, por caso). Sin embargo, existirían dos razones para que no retorne la alta inflación, al menos en forma generalizada:
n La demanda agregada, y en particular el consumo y la inversión, está deprimida, en los niveles más bajos de los últimos cinco años.
n Si las tasas de desempleo resultan muy elevadas, como sucede en la actualidad, aparece un claro desaliento sobre el consumo de los actuales ocupados, que provoca recortes en sus decisiones de gasto –en algunos casos drásticos–, como en bienes durables. En algún sentido, el desempleo a los porcentajes actuales actúa como un “reductor” del ingreso permanente de las familias que tienen empleo.
Pero también es cierto que varios sectores productivos son mucho más dependientes de los insumos importados que hace diez años, como resultado de la apertura económica de la década anterior, lo que significa que, al menos en el corto plazo, habría que esperar aumentos puntuales en los precios de algunos bienes. Señales demasiado violentas de cierre de la economía también podrían inducir algunos comportamientos inflacionarios en ciertas ramas. Por ello, un acuerdo general con los formadores de precios de la economía (supermercados, productores monopólicos, sectores concentrados) puede resultar una herramienta útil para la estrategia de control de los precios.