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Martes, 1 de julio de 2014

SANTA FE › PRESIDENTE DEL ENTE DEL PUERTO DE SANTA FE, MARCELO VOROBIOF

Se reactiva una investigación

La causa estaba paralizada desde hace un año con la excusa de que Vorobiof no es funcionario público cuando fue designado por el ex gobernador Binner y ratificado por Bonfatti. La Cámara Penal de Santa Fe ordenó que se investigue.

Desde Santa Fe

El presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof será investigado por la justicia. La Cámara Penal de Santa Fe (Sala I) rechazó ayer por "inadmisible" un planteo de su abogado defensor, Roberto Busser, que paralizó la causa casi un año con la excusa de que su defendido no es funcionario público, a pesar de que fue designado en 2010 por el ex gobernador Hermes Binner y ratificado en el cargo por el gobernador Antonio Bonfatti, en 2011. "Pretender que la iniciación de un proceso penal (...) genera efectos no susceptibles de reparación posterior, supondría consagrar un derecho a la impunidad (...), al dilatar indefinidamente la investigación", dice el fallo de los camaristas Roberto Prieu Mántaras, Sebastián Creus y Jaquelina Balangione. El fiscal N 7 Jorge Andrés quien había pedido la indagatoria a Vorobiof ponderó la sentencia: "Es muy importante porque vamos a poder investigar".

La causa está parada desde setiembre del año pasado, primero por un conflicto de competencia y luego por un recurso de la defensa de Vorobiof, que fue rechazado por el juez que quedó a cargo del expediente, Jorge Pegassano (Instrucción ), y ahora por la Cámara.

"Nosotros -dijo el fiscal Andrés- habíamos recopilado documentación y se habían tomado algunos testimonios, pero recién ahora comenzará la investigación formal que estaba parada". En el requerimiento de instrucción, Andrés había propuesto "una serie de pruebas que en su momento el juez Pegassano había hecho lugar, así que ahora es cuestión de que se ejecuten las medidas".

El fiscal no tiene dudas de que "Vorobiof es un funcionario público" porque fue designado por Binner y ratificado por Bonfatti "y por eso, los supuestos ilícitos que se le imputan son en este carácter". Entre otras cosas, se le imputan "negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y contrataciones que llevó adelante como titular del Ente Portuario".

El Centro de Estudios y Acción Popular (CEAP) que ha denunciado la gestión de Vorobiof en el puerto de Santa Fe consideró el fallo de la Cámara como "un avance de la justicia". "En una decisión unánime, la Sala I de la Cámara Penal rechazó la pretensión de Vorobiof, de no ser indagado por las denuncias agrupadas en siete figuras penales que le imputara el fiscal Andrés", señaló. "Este revés judicial del presidente del Ente Administrador Puerto de Santa Fe no hace más que ratificar algo que era más que evidente, a través de dos decretos de designación firmados por los gobernadores Binner y Bonfatti: Vorobiof es funcionario público".

"Esperamos que el Poder Judicial disponga la indagatoria inmediata del imputado, así como el diligenciamiento de todas las medidas investigativas pedidas por el fiscal, ya que se encuentran en juego bienes multimillonarios que pertenecen a todos los santafesinos, los que requieren ser administrados con total transparencia. Y si hubiera funcionarios que delinquen, deben ser investigados y procesados judicialmente", señaló el CEAP en un declaración que firman Hugo Kofman y Pilar Sapino.

La Cámara sostuvo que el intento de Vorobiof de frenar el arranque de la causa con el argumento de tiene "efectos no susceptibles de reparación, supondría consagrar un derecho a la impunidad (...) al dilatar indefinidamente la investigación". Un proceso penal tiene "un abanico de posibilidades" que van "desde el archivo de la instrucción, un sobreseimiento con anterioridad a una sentencia". "Las alternativas recursivas que pueden darse para lograr la revisión y eventual modificación de cualquier resolución adversa al o los imputados, hace que resulte por demás de prematuro concebir la existencia de un gravamen como el alegado por la defensa por el hecho de que un juez disponga llevar adelante una investigación penal", concluyó el tribunal.

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La Justicia sostuvo que frenar una causa "supondría consagrar un derecho a la impunidad".
 
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