En los próximos días, mujeres de organizaciones barriales realizarán 851 encuestas en Rosario (con epicentro en la ciudad y algunas localidades del departamento) sobre el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, como parte del monitoreo social que propone el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders). Contestarán si acceden a los métodos anticonceptivos, si tienen asesoramiento para elegir el que más les conviene, si los reciben en tiempo y forma, cómo son tratadas en los centros de salud cuando consultan sobre estos temas. Los cuestionarios se realizarán entre las usuarias del programa, así como a agentes de los centros de salud, y forman parte de los 1.314 que habrá en el territorio provincial (351 en la ciudad de Santa Fe y 112 en San Javier). De este modo, cuatro instituciones de la provincia asumen el control ciudadano de un programa aprobado en la provincia por una ley de 2001, y reglamentado dos años después. Se trata de saber si se garantiza a las mujeres el acceso a toda la variedad de los métodos anticonceptivos, así como el asesoramiento adecuado, y también les preguntarán sobre anticoncepción quirúrgica y de emergencia, derechos adquiridos por legislación que muchas ni siquiera conocen.

Las organizaciones encargadas de monitorear el programa en la provincia de Santa Fe son las rosarinas Indeso Mujer, Insgenar y la santafesina Asociación Civil Palabras, además del Programa de Género, Sociedad y Universidad de la Universidad Nacional de Rosario, que elaboró las encuestas y el planteo estadístico. Son las encargadas de dinamizar el proceso propuesto por el Conders para "demandar, exigir y verificar el cumplimiento de los programas diseñados para satisfacer las necesidades y los derechos reconocidos por la legislación vigente". Es que consideran que este monitoreo "implica un modo de participación social que empodera al segmento más débil en las instituciones de salud -las mujeres y los/as jóvenes-, democratiza la función del Estado, mejora la participación ciudadana, permite corregir los errores y deficiencias de las políticas públicas junto con su implementación".

Después de un taller que realizaron en octubre pasado para definir los ejes de este control, las organizaciones concluyeron que la prioridad era indagar la real accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Es por eso que las preguntas a las usuarias del programa se centrarán en la variedad de métodos que se distribuyen, y sobre todo las reales posibilidades de elección. En este punto, las mujeres que se atienden en el sistema de salud pública suelen afirmar que son los médicos los que definen cuál es el método que les conviene, sin darles los elementos para tomar una decisión adecuada.

Las organizaciones encargadas del monitoreo también quieren saber si los métodos anticonceptivos llegan a todas las usuarias, de manera continua y en la cantidad adecuada. Otra pregunta importante es si el acceso es gratuito, como asegura la ley. Y el nivel de seguridad o confianza de los métodos que se reparten, ya que hubo casos de pastillas anticonceptivas o dispositivos intrauterinos (diu) vencidos.

Las edades de las usuarias es otro dato que indagarán las encuestadoras, así como el nivel de instrucción y la cantidad de hijos que tienen. En ese sentido, también es importante para el diseño de la encuesta la manera en que los agentes de salud proporcionan la información.

Por eso es importante el relevamiento de los recursos humanos que dan respuesta a la demanda, para analizar si es adecuada la formación con qué cuentan y cuáles son sus demandas en este sentido. El programa provincial establece la capacitación de sus agentes (no sólo profesionales) para brindar de manera adecuada la información que requieren las usuarias.

"Lo más importante es generar información que podamos utilizar las propias usuarias del programa para exigir el mejor cumplimiento de la ley. Nos proporcionará elementos objetivos para denunciar falencias", afirmó Susana Moncalvillo, de Indeso Mujer, quien afirmó que el monitoreo tiene también otra utilidad: "Que el Estado sepa que hay organizaciones no gubernamentales atentas a su accionar, que están dispuestas a rendir cuentas cuando no cumplen con su obligación de garantizar los derechos sexuales y reproductivos".

El Conders realiza un monitoreo del Programa Nacional de Salud Reproductiva, que fue aprobado a fines de 2002 por el Congreso y es implementado por el Ministerio de Salud de la Nación, que provee los insumos a las diferentes provincias. En Santa Fe, existe además el programa provincial que administra esos métodos anticonceptivos y debe realizar tareas de difusión, prevención, capacitación y asesoramiento. Un Consejo Asesor es el encargado de seguir de cerca esas acciones, y funcionó de manera permanente durante 2004 y 2005.

En cuanto a lo específico de la situación santafesina, las organizaciones también quieren indagar por la información y acceso real a la anticoncepción de emergencia, que en Rosario es un derecho estipulado por ordenanza municipal. Y preguntarán además si las usuarias saben que tanto ellas como los hombres tienen derecho a la anticoncepción quirúrgica, realizada de manera gratuita en hospitales públicos, según una ley provincial sancionada el 24 de mayo de 2005 y publicada en el boletín oficial el 3 de junio de ese año.

De acuerdo con el cronograma previsto por las organizaciones que realizan el monitoreo, el mes próximo será el turno del cargado de datos y construcción del informe final sobre los resultados de la encuesta, mientras durante agosto y septiembre se realizará la difusión de esos datos.