El fiscal Carlos Covani reprochó el funcionamiento del Consejo Correccional (por lo menos el del instituto penitenciario N° 16, donde está alojado el preso en el que se ingresó el dictamen fiscal) y lo consideró una "farsa". Se trata del organismo encargado de realizar los informes sobre el comportamiento de las personas detenidas que solicitan beneficios como salidas transitorias o libertad condicional y que depende del Servicio Penitenciario provincial. "Sólo satisface una formalidad, pero en nada cumple los objetivos de la Ley de Ejecución Penal", que establece: "La ejecución de la pena privativa de libertad tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social", entre otras cuestiones. Sin embargo, en el caso de una persona condenada -como sucede en varios casos- nada de lo manifestado se cumple". Según se quejó el fiscal, hay " ausencia total de sugerencia, limitándose la psicóloga a describir el desarrollo de las entrevistas, de las que no surge mención alguna con su pasado delictivo y las circunstancias que lo llevaron a violar la ley". Y solicitó: "Se ponga en conocimiento del Ministerio de Seguridad el estado de situación descripto, solicitando se dispongan las resoluciones u órdenes necesarias para adecuar el funcionamiento de los organismos penitenciarios a la ley de Ejecución Penal".