Ayer, durante una conferencia de prensa en la que se anunció la medida de protesta, la directora de Anmistía Internacional, Gabriela Boada, advirtió: "Esperamos medidas urgentes para garantizar la seguridad de Félix y de la comunidad, y una investigación que nos asegure que esto no se va a volver a repetir".

Además, adelantó que la organización internacional va a realizar un estudio de los desalojos que se están haciendo en todo el país porque "lo ocurrido en La Primavera no fue un hecho aislado", aseguró Boada.

El desalojo de La Primavera se produjo luego de cuatro meses de corte de ruta por parte de la comunidad toba, que reclama sus tierras ancestrales a la familia Celia, a la universidad de Formosa y a Parques Nacionales.

La comunidad solicita que se cumpla con normativas como la ley 26.160, prorrogada por la ley 26.554 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que prohíbe durante el término de la ley los desalojos a comunidades indígenas.