El acuerdo firmado consta de seis puntos y se alcanzó tras cuatro horas de reunión en el séptimo piso de la Secretaría de Derechos Humanos a la que concurrió, además de Díaz y su esposa Amanda, el viceministro del Interior, Marcio Barbosa Moreira; el presidente del INADI, Claudio Morgado y por Parques Nacionales, Raúl Chiesa.

A una semana de haber iniciado la huelga de hambre, los funcionarios avanzaron con el líder qom en un principio de acuerdo que incluye "la atención inmediata para las familias afectadas" durante los violentos incidentes del 23 de noviembre, cuando murieron dos tobas y decenas de indígenas fueron detenidos. Muchos otros debieron ser hospitalizados, mientras que la comunidad denunció el incendio de sus pertenencias y viviendas.

"Todos hechos que la intervención de organismos nacionales busca resolver", dijo Morgado.

El tema de las tierras tiene dos partes, por un lado el conflicto con el particular, de apellido Celía, y por otro, el diferendo con Parques Nacionales, por el uso de los recursos, esto es la caza y la pesca en la zona de La Primavera que los guardaparques impedían.

Sobre este punto, en enero próximo se estudiará "el acceso y utilización" del Parque Nacional Río Pilcomayo a la vez que se impulsará un proyecto de ley para "resolver el conflicto territorial".

En este caso, la comunidad pide que se respete el derecho de propiedad comunitaria de La Primavera sobre la mitad de la Laguna Blanca de acuerdo con un decreto nacional de 1940 pero hasta ahora no tuvieron suerte con ese reclamo.

En cuanto a las tierras en conflicto y que son de jurisdicción provincial está por un lado el litigio con la familia Celía por 1356 hectáreas que la comunidad reclama y dentro de las cuales están las 609 hectáreas sobre las que el estado provincial instaló un Instituto Universitario.

Por estas 1300 hectáreas es que se formaría una mesa de diálogo con la provincia, la Nación e integrantes de la comunidad toba.

Durante la conferencia de prensa que brindó en el acampe ubicado en las avenidas de Mayo y 9 de Julio, Díaz pidió que "Formosa respete los trabajos que vamos a iniciar" en la comunidad La Primavera, 170 kilometros al norte de la capital formoseña.

A la reunión asistieron además los tobas Rubén Díaz, Sindulfo Caballero y la abogada Natalia Lippman Mazzaglia, además de Rosario Espina que concurrió por Amnistía Internacional.

También Ana González y Mario Messone, ambos del INADI y este último a cargo de la coordinación de la atención sanitaria que será aplicada por un convenio con Médicos del Mundo.

Por otra parte, Morgado contó su conversación con la viceministra de Seguridad, Cristina Camaño, en cuanto a las garantías para la seguridad personal de Díaz, su familia y la comunidad, que consta en la presentación de una nota con detalles de la relación de los gendarmes con los indígenas y acciones a futuro.

Díaz planeaba permanecer en Buenos Aires durante el fin de año mientras preparaba el retorno a su comunidad para los próximos días.

Morgado finalmente dijo que "no piden más que el estricto cumplimiento de leyes que nosotros impulsamos y la idea, a nivel nacional, es dar concreción a medidas concretas y posibles desde nuestro ámbito jurisdiccional".