Félix Díaz, explicó que han decidido iniciar una nueva huelga de hambre, medida de fuerza que ya llevaron a cabo durante una semana el pasado diciembre, porque ya no saben "qué más hacer para que el Ejecutivo nacional los ayude".

Los integrantes de La Primavera, comunidad que se asienta en un territorio fronterizo con Paraguay, reclaman la restitución de 1.300 hectáreas de tierras ancestrales que, según denuncian, les han sido usurpadas por el Gobierno provincial. Además, solicitan "procesamiento y castigo" a los responsables de la represión desatada el pasado 23 de noviembre.

Aquel día, la comunidad La Primavera fue violentamente desalojada de la ruta nacional 86, a 170 kilometros al norte de la capital de Formosa, tras cuatro meses de protesta en reclamo de tierras de ocupación ancestral. En el desalojo fueron asesinados Roberto López y el policía Heber Falcón.

El desalojo de La Primavera se produjo luego de cuatro meses de corte de ruta por parte de la comunidad toba, que reclama sus tierras ancestrales a la familia Celia, a la universidad de Formosa y a Parques Nacionales.

La comunidad solicita que se cumpla con normativas como la ley 26.160, prorrogada por la ley 26.554 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que prohíbe durante el término de la ley los desalojos a comunidades indígenas.

El 30 de diciembre, al cumplirse una semana de su primera huelga de hambre, Félix Díaz fue recibido por funcionarios del Gobierno, que a través de un acta se comprometieron a propiciar una mesa de diálogo con las autoridades provinciales para encaminar el conflicto territorial, entregar documentos de identidad, acciones en materia de salud y garantías de seguridad para el pueblo originario.

Ante este acuerdo, los indígenas suspendieron la medida de fuerza, pero continuaron con el acampe en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Cuatro meses después, los plazos establecidos por el Gobierno se vencieron y, según denuncian, no se ha cumplido ninguno de los compromisos adoptados.

Los integrantes de la comunidad toba cuentan con el apoyo de Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), que presentó un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este caso.

Acompañada por Díaz, la directora interina de AI en Argentina, Gabriela Boada, volvió a denunciar a comienzos de este mes en un encuentro con los medios extranjeros la "falta de acción" del Gobierno para combatir la "permanente vulneración" de los derechos de los pueblos originarios del país, sumidos en la pobreza.

"Somos un pueblo preexistente al que están avasallando los derechos humanos más básicos. No contamos con agua potable, no tenemos médicos, medicamentos ni hablar, tampoco acceso a la justicia", explicó Díaz.