21:31 › OTRA VíCTIMA POR DEFENDER SU TERRITORIO

Un sojero detenido por el asesinato de Cristian Ferreyra

El empresario agropecuario Jorge Ciccioli se entregó y quedó detenido, sospechado de ser participante secundario en el asesinato del militante del Mocase. Javier Francisco Juárez, detenido y acusado de ser el autor material del crimen, y su hermano Walter Juárez son empleados de Ciccioli, quien reclama la propiedad del territorio comunitario en el que vivía Ferreyra. La orden de detención la había librado el juez de Monte Quemado, Alejandro Sarría Fringes.

Ayer por la tarde Juárez, acusado de homicidio simple y lesiones graves, por dispararle y provocar heridas a Darío Godoy, otro campesino, fue llevado a Monte Quemado bajo un estricto operativo policial para ser indagado por el juez Sarría Fringes, aunque se abstuvo de hacerlo por indicación de su defensa.

La comisión regresó con el detenido a esta capital para que continúe alojado en la Alcaidía de Tribunales. Allí se encuentra ahora Ciccioli, quien deberá aguardar que el juez a cargo de la investigación lo cite a indagatoria en los próximos días.

Según anticipó su abogado defensor, Guillermo Ruiz Alvelda, expondrá ante los funcionarios judiciales que no estaba en su campo ni en la provincia de Santiago del Estero cuando fue perpetrado el crimen. Asimismo, Alvelda adelantó que tampoco ordenó a Juárez que "tome represalias contra las víctimas por rotura de alambrados y la sustracción de productos forestales".

El gobierno santiagueño confirmó ayer la suspensión de los desmontes "por 180 días" tras el asesinato de Ferreyra y el extendido conflicto de los propietarios comunitarios y los empresarios del agro que intentan avanzar con las topadoras.

El jefe de Gabinete, Elías Suárez, explicó en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que el decreto abarca tanto a los programas de desmonte en marcha como a otros que fueron aprobados pero no ejecutados.

El funcionario anunció, además, la creación de una comisión integrada por el Comité de Emergencia, la policía provincial y la dirección de Bosques, a fin de analizar la problemática específica en cada caso de litigio por tierras junto con las organizaciones sociales y de campesinos.

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