A través de un comunicado, Red Jubileo expresó que "dos de los fondos, NML Capital y Aurelius Capital Management están demandando a la Argentina en Nueva York por ganancias enormes sobre una deuda que adquirió a muy bajo precio durante la crisis de 2001", y advirtió que si la Corte Suprema de Estados Unidos decide no analizar el caso y dejar firme las sentencias que condenan al país a pagar el cien por ciento de los bonos defaulteados y "los fondos buitre ganan el juicio, los prestamistas no tendrán ningún incentivo para negociar reestructuraciones de pagos insostenibles en el futuro".

Jubileo agrega además que "esto enviaría ondas de choque al sistema financiero y tendría consecuencias graves para países con crisis de deudas como Grecia, Irlanda y Portugal". Sarah-Jayne Clifton, directora del Jubilee Debt Campaign, por su parte, sostuvo que "los fondos buitre nunca prestaron dinero a la Argentina; especularon en una deuda con la esperanza de obtener una ganancia enorme". "El hecho de que los buitre puedan ir a juicio pone de manifiesto la manera en que el sistema de deuda internacional funciona para beneficiar a los especuladores pudientes; si llegan a ganar el caso, hará más fácil todavía que los prestamistas imprudentes hagan ganancias debido a futuras crisis que ellos mismos ayudan a generar", sentenció.

A su turno, Daniel Ozarow, de Argentina Research Network, uno de los convocantes de la petición, sostuvo que "parece increíble que las reglas existentes del sistema de deuda internacional, permitan que los fondos buitre impongan un castigo colectivo sobre millones de argentinos en atención a un puñado de especuladores billonarios". Para Ozarow, "esta es sólo la más reciente en una serie de ataques ideológicos realizados por las instituciones de capitalismo global contra los países menos poderosos que se atrevieron a ofrecer modelos económicos que se desvían de la hegemonía del neoliberalismo".

La moción aprobada durante la jornada solicita al gobierno británico que "comparta su experiencia legislativa con el gobierno de los Estados Unidos", teniendo en cuenta que el Parlamento inglés aprobó en 2010 una ley que protege a cuarenta Países Pobres Altamente Endeudados (principalmente del Africa subsahariana) de ser demandados por los fondos buitre en cortes británicas.