El tribunal integrado por Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón, resolvió también que el exmagistrado deberá cumplir prisión domiciliaria hasta que se realice un examen médico, que será renovado cada 3 meses, con el objetivo de determinar si está en condiciones de ser trasladado a la Unidad de Servicio Penitenciario Federal.

El Tribunal dictaminó que Martínez encubrió los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en Azcuénaga 1816/1820, de San Miguel de Tucumán, y condenó al exjuez por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y prevaricato contra el propietario de la vivienda donde se consumó la masacre, Miguel Atilio Romano, quien se presentó espontáneamente seis días después de los asesinatos en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.

Este fue el décimo primer juicio que se realiza en la provincia de Tucumán por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y el primero en el que un juez se sentó en el banquillo de los acusados.

Alejandra Romero Niklison, querellante, expresó que “recibimos la sentencia con mucha alegría. Si bien habíamos solicitado una pena de 25 años estamos conforme con la resolución”. “Nosotros queremos que se cumplan con los derechos de todas las partes, así que si el tribunal considera que Martínez tiene que continuar en su casa lo entendemos y lo aprobamos, pero nos parece muy importante que haya un seguimiento con controles médicos permanentes y que la querella pueda intervenir con un perito. Que las cosas se vayan desarrollando de acuerdo a la ley”, aclaró.

Agregó, además, que “hay muchas víctimas y familiares que aún no tuvieron su juicio pero que se sintieron parte de este proceso porque vieron al imputado sentado en la sala y que estábamos intentado hacer justicia. En lo personal, como familiar de una víctima, estoy muy emocionada, ya que uno deja su corazón en cada juicio”.

Por su parte, Bernardo Lobo Bugeau, querellante de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que esta "es una sentencia de máxima importancia sobre todo por el rol que cumplieron las instituciones civiles durante la última dictadura militar”. “Como representante de la familia Romano me hubiera gustado que Miguel estuviera presente para escuchar la sentencia que esperó durante tantos años. Después de 39 años, finalmente, la justicia reconoce que fue privado ilegítimamente de su libertad, los vejámenes y el abuso de autoridad por los cuales tuvo que pasar”, señaló.

En tanto, el fiscal Diego Velazco, quien solicitó 25 años de prisión, señaló que "vamos a ver en detalle los fundamentos, entendemos que la condena fue más baja ya que no se tuvo en cuenta el plateo que hicimos relacionado con la participación secundaria del imputado en los homicidios y se dejó la figura de encubrimiento que es más leve pero, en cuanto a la pena, estamos conformes”.

Lucia Romano, hija de Miguel Armando, sostuvo que “la sentencia era un momento muy esperado por toda la familia, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez y muchos otros que hicieron tanto daño a toda la sociedad y, en particular, a mi padre a nosotros. Lo que sucedió en aquel momento nos cambió radicalmente la historia. Hace muchos años que no vivo en Tucumán, no me gusta venir y todo esto se debe a lo que le hicieron a mi padre, que no tuvo derecho a defenderse”.