Tras casi cuatro horas de debate, el Pro y el interbloque ECO consiguieron aprobar la iniciativa, con la abstención del Frente para la Victoria y la oposición del Frente de Izquierda y los Trabajadores.

Según establece el convenio convertido en ley, la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales en el ámbito local, mientras que el gobierno nacional conservará las estructuras y el personal necesarios para ejercer funciones de seguridad federal en el ámbito de la Ciudad Autónoma.

En rigor, la aprobación del traspaso, que será "gradual y progresivo", dividido en dos etapas, de transición y consolidación, transfiere al gobierno porteño "la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes de las Superintendencias de Seguridad Metropolitana (que abarca todas las comisarías), de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y de Aviación.