La principal empresa transportista de electricidad del país, Transener, solicitó este lunes en audiencia pública un aumento de tarifas del 33 por ciento este año y 22 por ciento el próximo. En tanto, la interventora del ENRE, Soledad Manin, dijo que "se implementará una nueva metodología para los próximos dos años, con nuevas reglas para el reconocimiento de ingresos de las empresas transportistas. Se garantizará que las empresas tengan los fondos necesarios para los gastos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones de seguridad y confiabilidad, mientras se acopla la política tarifaria a la recuperación económica". 

Días atrás, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, dijo que la suba de la boleta eléctrica puede estar entre un 7 y un 15 por ciento, "un número que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios".   

Este lunes comenzaron las audiencias públicas convocadas por el Enre para analizar la situación tarifaria del servicio eléctrico. El martes será el turno de las distribuidoras para la región metropolitana, Edenor y Edesur. Luego se definirán las nuevas tarifas eléctricas y en qué proporción serán abonadas por el usuario o por el sistema de subsidios de parte del Estado nacional.

Transporte

Transener es la empresa encargada de operar la red de alta tensión que vincula las distintas regiones eléctricas. El 52,7 por ciento de la empresa está en manos de la firma Citelec, que a su vez divide su propiedad en Pampa Energía y la estatal IEASA. La Anses posee el 19,7 por ciento de Transener. 

Por otro lado están las transportistas denominadas “distribuidoras troncales” que tienen a su cargo la operación del transporte eléctrico intrarregional en tensiones iguales o superiores a 132 kV y menores a 400 kV. Son las otras siete empresas Transba y Districuyo, Transnea y Transnoa y Transpa, Transco y Epen. Entre las ocho concesionarias cuentan con 29.242 kilómetros, es decir, el 85 por ciento del total sistema de transporte.

El pedido de suba del 33 por ciento de Transener para este año tendría un impacto relativamente mucho menor en las boletas, dado que según el representante de la empresa, Pablo Fernando Tarca, “hoy sólo corresponde a Transener el 1,9 por ciento en la factura final de un usuario residencial, 19 pesos sobre 1000 pesos”. 

El resto del costo se explica por la generación (térmica, hidroeléctrica de gran escala, nuclear o renovable), la distribución y los impuestos. 

El directivo detalló que si se aprobara ese aumento, “los ingresos requeridos por Transener pasarían de 9615 millones de pesos en 2020 a 12.811 millones de pesos este año y a 15.679 millones en 2022”. Desde la empresa también comunicaron cifras de inversiones en mejora y mantenimiento en base a los ingresos tarifarios y la tasa de fallas forzadas.

La RTI

La posición del Gobierno, tendiente a limitar al máximo la suba tarifaria, se sustenta no sólo en el delicado contexto fiscal y de la situación socio-económica sino también en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) realizada en 2017 por el gobierno anterior, que implicó “un aumento irracional de la factura, pasando de un incremento nominal de 2015 a 2019 de 3200 por ciento en las tarifas de los usuarios residenciales", advierte el ENRE.

Como material respaldatorio de las audiencias de este lunes, el Enre publicó un documento de análisis pormenorizado del componente de transporte de la RTI de 2017. "En lo que respecta a la remuneración de las transportistas, entre los años 2016 y 2017 los resultados son de una magnitud sorprendente: la remuneración a partir de la RTI implicó en la práctica aumentos que superaron el 184 por ciento. Sólo en Transener, que representa el 46 por ciento de la remuneración total de los transportistas, el impacto de la aplicación de la RTI se tradujo en incrementos en su actividad regulada del 266 por ciento. De esta manera se puede afirmar que las tarifas aprobadas para el transporte de energía eléctrica dan cuentan que no fueron ni justas, ni razonables ni asequibles para los usuarios finales que deben hacer frente a dichos ingresos", dice el ENRE.

La interventora Manin reiteró esa postura en sus declaraciones en la audiencia: "las medidas tomadas -en la RTI- estuvieron orientadas a subir los ingresos totales de las empresas, aún por encima de lo que podía surgir de aplicar variables de referencia en la economía".

Para agregar que "la etapa 2016-2019 estuvo signada por la reducción de subsidios y la dolarización de la energía, lo que llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por las personas usuarias, mientras que las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos".