La Corte Suprema decidió suspender a través de una medida cautelar las obras para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz hasta que se haga un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública con participación ciudadana en el Congreso, o que haya una sentencia sobre la cuestión de fondo. La resolución, que firmaron los cinco jueces supremos, fue un shock inicial para las empresas que componen el consorcio al que fue adjudicada la construcción, que integran Electroingeniería, China Gezhouba Group e Hidrocuyo. Para los empresarios locales la expectativa está puesta en el cumplimiento de las condiciones asumidas por el Gobierno, que minimizó el impacto en un comunicado del Ministerio de Energía y aseguró que hacia mayo podría comenzar la obra principal. Pero los chinos ya habían rechazado meses atrás y alertado sobre las consecuencias de un parate, lo que amaga con generar algún impacto en las inversiones o acuerdos con ese país.

El alto tribunal tenía este tema a estudio desde hace dos años, había pedido informes al Estado y a su vez, tras el cambio de gobierno, el proyecto tuvo reformulaciones. En el mismo fallo en que frenó la construcción de las represas, la Corte Suprema se declaró incompetente. Esto implica que ahora el expediente se mudará a un juzgado del fuero en lo contencioso administrativo porteño donde, de acuerdo a la ley que regula las medidas cautelares, el juez que reciba la causa tendrá cinco días para expedirse sobre el alcance y la vigencia de la medida provisoria.

La causa se inició por el reclamo de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia que exigió que se cumpla con la ley General del Ambiente ya que consideraba que previo a la autorización de las obras, que son las de mayor envergadura del “Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas” según señala el fallo, no se hicieron los estudios de ambientales adecuados para determinar el impacto de los emprendimientos en el ecosistema y en particular en el Lago Argentino, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala, y al Parque Nacional Los Glaciares. La obra había comenzado en febrero de 2015 y preveía inicialmente un presupuesto de 4.714 millones de dólares, con modificaciones posteriores. En cuanto asumió el gobierno de Cambiemos, frenó la ejecución al no conceder permisos ambientales necesarios para construir. La gestión de Mauricio Macri fue crítica de que el gobierno de Santa Cruz hubiera aprobado un día antes del cambio de gobierno un informe ambiental “satisfactorio”. Cuando frenó el emprendimiento hasta intervino el gobierno chino, que advirtió que frenaría el fondeo al Belgrano Cargas y pediría la devolución anticipada de los recursos comprometidos para las represas. Finalmente se firmó una adenda, es decir, una modificación contractual que define un nuevo proyecto que autorizaba a comenzar las obras preliminares (lo que incluye, por ejemplo, los caminos de acceso a las represas) hasta que se terminaran nuevos estudios de impacto ambiental encaminados, que el gobierno estima que estarán listos para marzo de 2017. Según la medida cautelar suprema, esas obras iniciales podrán continuar, pero no las de la represa propiamente dicha.

Entre sus argumentos, los cortesanos dicen que el informe que había entregado el Estado no cumplía con los procedimientos de impacto y audiencia previstos en la ley de impacto ambiental de Obras Hidráulicas que deben evaluar las consecuencias “desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general, producen o podrían producir en territorio argentino cada una de las represas construidas, en construcción y/o planificadas, sean estas nacionales o extra nacionales”. Los resultados deben ser informados en  una audiencia pública en el Congreso con participación de quienes elaboraron “los estudios, junto a organismos no gubernamentales especializados en materia ambiental, universidades, centros académicos y público en general. Concluida la audiencia, y en un plazo no mayor de treinta días, los legisladores de ambas Cámaras, integrantes de las comisiones legislativas intervinientes en el tema, darán a publicidad un informe ”. El informe no será vinculante.

El Ministerio de Energía quiso transmitir tranquilidad y aseguró que va a acatar el fallo. Señaló en un comunicado que adecuará los estudios ya iniciados para cumplir con la ley. La estimación es que en abril se haría la audiencia pública. En la Casa Rosada –distinto de lo que decían en los primeros meses de gobierno– señalan que apoyan las represas porque “hacen falta megavatios” en el país. Este mensaje calmó en parte los ánimos de los empresarios, pero nadie desconoce que la decisión de la Corte resulta funcional al interés de Techint por disputar mercado y de Estados Unidos por atacar a China en su desarrollo de las grandes inversiones en la región.