"Tengo el honor de dirigirme a su excelencia con el propósito de instarlo respetuosamente a adoptar medidas para asegurar la inmediata liberación de la prisión preventiva de Milagro Sala, a la luz de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU", La exhortación al presidente Mauricio Macri para que dé cumplimiento a la exigencia de los organismos internacionales le llegó por carta de José Miguel Vivanco, titular de Human Rights Watch. Vivanco le recordó a Macri que las recomendaciones de Naciones Unidas responsabilizan al Estado nacional más allá de las jurisdicciones. 

Vivanco también instó al Gobierno argentino a "presentar una propuesta legislativa para modificar la definición de 'sedición' en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro".

"Los cargos contra Sala por participar en una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión. Los señalamientos contra Sala, aun si fueran ciertos, no constituyen 'sedición' conforme a ninguna definición legítima de este delito", le recordó Vivanco a Macri. .

El titular de Human Rights Watch le agradece a Macri su postura sobre Venezuela y le advierte que "Argentina podría seguir jugando un importante papel en el campo de los derechos humanos a nivel global, pero para que este rol sea desempeñado con la mayor credibilidad y legitimidad es preciso que su gobierno colabore de forma plena con las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos"

"Los argumentos planteados por su gobierno en respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo sobre el caso de Sala no resultan convincentes. El 3 de diciembre de 2016, su excelencia manifestó que 'a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala'. Este comentario resulta verdaderamente desafortunado. En una sociedad democrática, los derechos —sobre todo aquellos fundamentales como el derecho a un juicio justo y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial—son una garantía frente a la voluntad de las mayorías, y no pueden quedar sujetos a la opinión circunstancial de la población."

Vivanco también consideró que " El Grupo de Trabajo (de Naciones Unidas) concluyó que las autoridades judiciales de Jujuy no demostraron de forma convincente que Sala fuera a eludir la justicia u obstaculizar la investigación judicial en caso de ser liberada. En función de los argumentos presentados por su gobierno ante este organismo y los pronunciamientos de tribunales superiores jujeños, coincidimos con el Grupo de Trabajo en este punto en particular."

Antes de despedirse, Vivanco le recordó que "la canciller Susana Malcorra ha sugerido que el poder ejecutivo federal no puede entrometerse en la decisión del poder judicial de Jujuy de encarcelar a Sala, y agregó que Estados Unidos ha dado esta explicación en circunstancias similares. Si bien reconocemos las dificultades prácticas que plantea la estructura federal de gobierno en este caso, su gobierno tiene la responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente. Las obligaciones de derechos humanos se extienden a todas las provincias o estados de una estructura federal de gobierno, sin exclusión".