“Las offshore son un instrumento del delito”, asegura un documento del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) en el que alerta sobre los riesgos de la conformación de sociedades en guaridas fiscales con fines de elusión fiscal. Recuerda que un importante número de funcionarios del gobierno nacional, empezando por el presidente de la Nación, han quedado involucrados, de manera directa o indirecta, en las listas de sociedades offshore filtradas en los denominados Panamá y Paradise Papers. El comunicado se conoce luego de que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, no asistiera al Congreso esta semana para dar explicaciones sobre sus vínculos con sociedades offshore y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, minimizara una situación que se repite entre los funcionarios del Ejecutivo. “De manera preocupante, alguno de estos funcionarios ocupa lugares de especial relevancia y responsabilidad en materia económica, monetaria y tributaria del país”, analiza el texto redactado por la organización, creada en 2003 para contribuir a la planificación e implementación de políticas de prevención y persecución de la criminalidad económica.
La semana pasada se conocieron nuevos archivos oficiales que demostrarían la participación de Caputo como accionista de sociedades offshore antes de asumir en la función pública. La empresa administradora de fondos Noctua Partners radicada en las islas Caimán, informó hace dos semanas que el ministro había sido dueño y accionista “indirecto” hasta pocos días antes de tomar el cargo de ministro de Finanzas. Frente a esa situación, se citó al funcionario a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa, pero Caputo se excusó de ir a dar explicaciones. Peña defendió a Caputo por “su integridad, su honestidad y su transparencia en la función” y minimizó la situación.
“Es un caso de extrema gravedad, que debe ser investigado penalmente a fin de determinar la responsabilidad jurídica por aquellos hechos y que debiera provocar la renuncia del funcionario en virtud del inocultable conflicto de interés que representa”, sostiene el Cipce. La entidad remarca la preocupación y el precedente que marca el hecho de que el Gobierno estimula la idea de que las sociedades offshore son legales. “A nivel internacional existe consenso y trabajos empíricos de sobrada consistencia que demuestran que son instrumento de mercados ilegales y criminales, que hacen posible la evasión fiscal, el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos organizados especialmente lucrativos”, advierte el centro que conduce Agustín Carrara. Según insiste, la proliferación de las sociedades offshore tiene su razón de ser en la necesidad del crimen de reproducir este tipo de mercados ilícitos.
Desde el Cipce alertan que las offshore generan serios daños sobre la estabilidad financiera, especialmente de los países emergentes, erosionan la base tributaria y restringen la inversión extranjera directa. “Mientras el gobierno nacional defiende en el Congreso a los funcionarios que tienen vínculos con sociedades offshore, a nivel regional se están tomando medidas tendientes a prohibir que quienes representan al pueblo mantengan negocios, acciones o cualquier tipo de relación con empresas offshore mediante leyes y proyectos”, señala.
El documento recuerda los proyectos de ley debatidos en Ecuador, Costa Rica, Chile, Bolivia e incluso la Argentina. Además, tanto la OCDE como el G-20, el FMI, FSB, Iosco y otros organismos de relevancia global realizan esfuerzos por reducir la dependencia de este tipo de instrumentos. Desde el punto de vista técnico, una sociedad offshore es aquella cuyos estatutos de constitución no permiten a sus accionistas realizar actividad comercial dentro del territorio de constitución. “En un mundo global cuyos líderes bregan por la transparencia institucional y financiera, nuestras máximas autoridades que, además hoy presiden la cumbre del G-20, promueven el uso de instrumentos societarios opacos que sólo sirven para esconder a la identidad de los dueños de fortunas amasadas al margen de la legalidad”, advierte. “El gobierno nacional debería promover medidas de política pública destinadas a facilitar el registro de los titulares y beneficiarios finales y, establecer la prohibición de ejercer la función pública a quienes sean titulares de este tipo de sociedades”, concluye.
