Human Rights Watch instó al gobierno a “adoptar medidas para asegurar la inmediata liberación” de Milagro Sala, en línea con la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas del organismo de derechos humanos, le advirtió por carta a Mauricio Macri que sus invitaciones para que organismos internacionales visiten Jujuy “no sustituyen –ni pueden permitir postergar– las medidas que su gobierno debe adoptar”, descalificó por “desafortunado” el comentario sobre plebiscitar la detención y le recordó que los derechos fundamentales “no pueden quedar sujetos a la opinión circunstancial de la población”. Por su parte Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ratificó ante la consulta de PáginaI12 que el Estado “debe dar cumplimiento integral a la decisión del Grupo de Trabajo”. El brasileño que encabeza el órgano de la OEA a cargo de promover el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos manifestó la “extrañeza y preocupación” que le generó el apuro de los operadores judiciales jujeños por fundamentar la prisión preventiva y anunciar el primer juicio apenas conocido el comunicado de la CIDH –el 2 de diciembre– que urgió a los gobiernos nacional y jujeño “a tomar acciones urgentes” frente a la privación ilegal de la libertad de la dirigente de la Tupac.

  HRW, una ONG integrada por más de 400 expertos de todo el mundo, reclamó la liberación de Sala e instó al gobierno a “modificar la definición de ‘sedición’ en el Código Penal” para “prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro”. “Aún si fueran ciertos”, los cargos contra Sala “no constituyen ‘sedición’ conforme a ninguna legislación legítima de este delito”, que “está definido de manera excesivamente amplia en el Código” argentino, advirtió Vivanco en su carta a Macri. “Los argumentos planteados por su gobierno en respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo no resultan convincentes”, destacó el abogado chileno. Le informó al presidente que la prisión preventiva no se puede justificar “per se por la gravedad de los delitos” y le recordó que “las autoridades judiciales de Jujuy no demostraron de forma convincente que Sala fuera a eludir la justicia u obstaculizar la investigación en caso de ser liberada”, únicos motivos para justificar esa medida.

  “Su gobierno tiene la responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente”, señaló Vivanco, y advirtió que “los estados –se trate de los Estados Unidos, de Argentina o de cualquier otro– no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, como su sistema federal, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales”, en referencia a la sugerencia de la canciller Susana Malcorra de que el gobierno federal no puede entrometerse en la detención de Sala. “Argentina podría seguir jugando un importante papel en el campo de los derechos humanos a nivel global, pero para que este rol sea desempeñado con la mayor credibilidad y legitimidad es preciso que su gobierno colabore de forma plena con las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos”, concluyó el director de HRW.

  El brasileño Abrão, ante la consulta periodística tras la presentación del informe de la CIDH sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en América” en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, señaló que “la Comisión se pronunció en el sentido de que el Estado y en particular la provincia de Jujuy deben dar cumplimiento integral a la decisión del Grupo de Trabajo, y sigue estudiando el pedido de medidas cautelares presentado por los representantes de Milagro Sala”.

–¿Cómo tomó la CIDH la decisión del gobierno argentino de desoír la resolución del Grupo de Trabajo y relativizar su obligación de liberar a Sala? –preguntó este diario. 

–La Comisión reafirma que las decisiones de los organismos internacionales deben ser cumplidas. El Estado argentino está en desacuerdo con el Grupo de Trabajo, pero esperamos que pueda encontrar lo más pronto posible una solución que reafirme la tradición argentina de dar cumplimiento a las decisiones del sistema internacional y regional de derechos humanos.

–El gobierno invitó a organismos internacionales a visitar Jujuy. ¿Analiza esa posibilidad la CIDH?

–Estamos analizando si aceptar o no, siguiendo el tratamiento del caso tras el comunicado en el que se urgió al Estado a dar pronta respuesta. Un día después del comunicado el fiscal general de Jujuy emitió un nuevo fallo para fundamentar jurídicamente la prisión preventiva de Sala y recabamos la información de que se había fijado fecha para un primer juicio. Tanto la respuesta inmediata de la autoridad judicial como el anuncio nos causaron extrañeza y preocupación.

–¿Qué sentido podría tener una visita de la CIDH a Jujuy cuando el pedido de liberar a Sala se funda en su detención arbitraria hace casi un año?

–Es parte del análisis. No hay hechos nuevos a partir del conocimiento previo que teníamos de la situación en Jujuy.

–Hubo una propuesta de plebiscitar la prisión preventiva. ¿Cómo recibieron la noticia en la CIDH?

–En términos abstractos los derechos fundamentales nunca están bajo los criterios de las mayorías. Un plebiscito en ese sentido no está de acuerdo con los principios universales de derechos humanos.

–¿Lo sorprende que autoridades de un Estado lo ignoren?

–El ejercicio de la libertad de ideas debe estar protegido –esboza una sonrisa–, pero lo más importante es que se respeten los derechos humanos fundamentales.