Ríos Montt, quien gobernó Guatemala entre 1982 y 1983 tras un golpe de Estado, era juzgado por el asesinato de 1171 indígenas ixiles en el departamento de Quiché. Se llevó el secreto del destino de miles de desaparecidos que registran los organismos de DD.HH. de ese país. 

“Murió en paz, tranquilo, y todos con la convicción de que en este país nunca hubo genocidio y fue inocente de lo que se le acusa”, sostuvo su abogado Luis Rosales. El 10 de mayo de 2013 el general retirado del ejército fue encontrado culpable de genocidio y delitos de lesa humanidad y condenado a 80 años de prisión. Sin embargo, 10 días después la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló la sentencia por fallos en el proceso y ordenó un nuevo juicio. 

Ríos Montt tenía problemas respiratorios y pulmonares y desde 2015, en pleno proceso judicial en su contra, había sido declarado con demencia senil.

Nacido en Huehuetenangoen junio de 1926, se crió en un entorno rural y en 1943, con apenas 17 años, empezó la carrera de armas en el Fuerte de San Rafael de Matamoros para luego ingresar como cadete en la Escuela Politécnica, una prestigiosa academia militar con sede en San Juan Sacatepéquez, al norte de la capital. En 1950 obtuvo los galones castrense y académico de oficial de Infantería y maestro de Caminos y después siguió cursos de especialización en Fort Gulick, un centro de instrucción ubicado en la zona del Canal de Panamá bajo soberanía de Estados Unidos y muy frecuentado por la oficialidad centroamericana.

Poco a poco fue subiendo escalones militares hasta que en enero de 1973 alcanzó el grado de general de brigada y se le dio la jefatura del Estado Mayor General del Ejército guatemalteco, aunque apenas dos meses después, en abril, renunció a ese lugar para pelear la presidencia en las elecciones de marzo de 1974.

Postulante de la desaparecida Democracia Cristiana, Río Montt fue desde entonces figura clave de la política guatemalteca. Militar de mano dura, eterno aspirante a la Presidencia e ícono de la brutal represión desatada por las Fuerzas Armadas durante los años más duros del conflicto interno, en marco de 1982 integró la Junta Militar que por medio de un golpe de Estado derrocó al entonces presidente, el general Fernando Romeo Lucas García.

Tres meses después, disolvió la Junta Militar y se autoproclamó Jefe de Estado, presidente de la República y Comandante General del Ejército, un cargo en el que una de sus primeras medidas fue poner en marcha los Tribunales de Fuero Especial. En ese nuevo fuero, jueces con los rostros cubiertos condenaron a muerte a 16 personas, y obligaron a los indígenas a integrarse a las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil, los grupos paramilitares de control y represión.

Durante los 17 meses que Ríos Montt gobernó de facto, el Ejército ejecutó más de 250 matanzas colectivas de indígenas, sobre todo en las zonas del oeste y noroeste del país, en las que murieron más de 25.000 personas. El 8 de agosto de 1983      Ríos Montt fue derrocado por un golpe de Estado encabezado por su entonces ministro de la Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien gobernó el país hasta enero de 1986, cuando se instauró la democracia.

A finales de 1989 Ríos Montt y otros antiguos militares y políticos de extrema derecha fundaron el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que le permitió ocupar una banca de diputado desde 1994 hasta 2012.  La Corte de Constitucionalidad le permitió, en 2003, pelear por la presidencia, aunque la Constitución guatemalteca prohíbe a golpistas presentarse. Igual, sufrió una derrota dura.

La Justicia recién empezó a incomodarlo en 1999, a partir de que la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú presentó una querella contra ocho ex altos cargos militares ante la Audiencia Nacional de España. La denuncia de Menchú por genocidio, torturas y terrorismo de Estado fue admitida a trámite por el juez español Guillermo Ruiz Polanco en marzo del 2000, y meses después emitió una orden internacional de captura con fines de extradición a España, que nunca se concretó.

Tras quedarse sin inmunidad en enero de 2012, al dejar su banca de diputado, Ríos Montt se presentó ante la Justicia para afrontar las acusaciones. Una jueza lo incluyó en el proceso y ordenó su prisión preventiva domiciliaria. Fue condenado un año después, pero la decisión fue luego anulada. Comenzó entonces otro proceso, a puertas cerradas y sin posibilidad de condenarlo a prisión por su demencia senil. El genocida murió antes de recibir una nueva sentencia.