Beneficios fiscales para grandes empresas nacionales y extranjeras
“Privilegios a cambio de nada”

Existe un debate generalizado sobre si las medidas económicas aplicadas por la Alianza Cambiemos tienen como principal objetivo beneficiar a las empresas vinculadas directa o indirectamente a diversos funcionarios del gobierno, o bien responde a la ideología neoliberal de sus cuadros políticos. Lo más probable es que, como en todo gobierno, exista una combinación entre beneficios personales e ideología. Pero en relación a este segundo aspecto, resulta llamativo observar como frente a la evidencia se reflotaron las viejas ideas neoliberales, que se pueden sintetizar en la concepción de la “copa que derrama”, es decir en que la cesión de facilidades para el capital llevará a la inversión y al desarrollo económico. 

Un trabajo de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo, y Derechos (Latindad), denominado “Privilegios a cambio de nada”, realizado por Rodolfo Bejarano Bernal, pone en evidencia empírica como las exenciones, beneficios tributarios, regímenes especiales, reducción de tasas, diferimentos, créditos fiscales, deducciones por pago de regalías o remesas de utilidades, o quita de aranceles para importaciones, entre otros incentivos, tuvieron para los países de nuestra región muchos más costos que beneficios.

Según el trabajo, se estima que los países en desarrollo pierden cerca de 138.000 millones de dólares debido a los incentivos fiscales, y que desde los ‘80 la tasa de impuestos sobre dividendos, intereses, y regalías cayó en un 30 por ciento, mientras que sobre la participación en dividendos, lo hizo en un 50 por ciento. Esto nace fundamentalmente con el Consenso de Washington liderado por Estados Unidos, el FMI, y el BM, el cual estuvo centrado en la apertura comercial, desregulación de mercados, y liberalización de la cuenta de capitales.

Ahora, en Argentina, se incentiva el capital con la flexibilización para la adquisición y arrendamiento de tierras rurales por personas físicas y jurídicas extranjeras, una ley de Asociación Publico Privada (APP) para atraer la inversión en áreas clave como infraestructura pública, vivienda, y tecnologías innovadoras, y la reducción de ingresos tributarios a las rentas corporativas (frente a otros ocho países de la región que las incrementaron). 

De acuerdo a esa investigación, la inversión extranjera “no necesariamente ha significado mejoras esenciales en aspectos económicos y sociales”. Esas inversiones se concentraron en los sectores primarios y “extractivos”. 

Destaca, además, que otros de sus efectos es la baja inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) y el bajo nivel de valor agregado en la producción, una de las razones por las que la participación del salario en la renta de la región disminuyo un 4,5 por ciento entre 1995 y 2012. Por eso, una de las conclusiones a la que arriba es que las facilidades tributarias al capital, que permite que las empresas destinen un 40 por ciento menos de sus utilidades para el pago de impuestos en comparación con tres décadas atrás, no necesariamente “es el más importante para el inversionista a la hora de decidir si invierte o no; por el contrario, es uno de los menos importantes frente a otros parámetros que toma en cuenta, tales como, en orden de importancia, el acceso a consumidores, el ambiente político y social estable, la facilidad para hacer negocios, calidad y confiabilidad de la infraestructura y servicios básicos, y la habilidad para contratar profesionales técnicos”. 

El documento exhibe otros componentes negativos en estas exenciones y facilidades otorgadas al gran capital, demostrando el crecimiento de la desigualdad en la región, y que la tasa de crecimiento promedio del PIB ha caída de un promedio del 3 al 2 por ciento desde los ‘60. 

Otra de las razones que esgrime el estudio por la que las facilidades al gran capital, fundamentalmente deducciones tributarias, no influyen de forma crucial en la decisión de invertir, es bien conocida por muchos de los funcionarios del gobierno de Macri: el rol de las guaridas fiscales, que permiten trasladar beneficios hacia centros offshore aprovechando vacíos legales y el rol de “facilitadores” que promueven la elusión. Así, el avance de las empresas vinculadas a los funcionarios y el deterioro de la macroeconomía del país, no puede sorprender si se analiza la evidencia empírica.

@jblejmar

Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ