Un subcomisario y un suboficial principal de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron detenidos al detectarse un breve faltante, un millón y medio de dólares, que había sido decomisado en diciembre del año pasado en un operativo antidrogas en la localidad bonaerense de Tapiales. El dato lo arrojó como si nada la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En tanto, fuentes de la investigación aseguran, con cierto aire de decepción, que la principal sospecha apunta a que los uniformados involucrados en la maniobra se gastaron el dinero robado. El jefe de la Federal, Néstor Roncaglia, ordenó que los acusados fueran separados de sus cargos.

Los detenidos fueron identificados como el subcomisario Gustavo Alberto Russo y el principal Cristian Javier Cóceres, ambos pertenecientes a la división de la Superintendencia Drogas Peligrosas de la PFA.

“Hubo policías que traicionaron la buena fe de la Policía Federal, de la jefatura de la misma fuerza y a la gente –señaló la ministra Bullrich, durante una conferencia de prensa junto al secretario de Seguridad de su cartera, Eugenio Burzaco–. Porque en un operativo de drogas no dieron a conocer la cantidad de dinero que efectivamente había en ese operativo y ahí están detenidos”, se apresuró a aclarar la funcionaria.

El abogado Carlos Manfroni, director de Investigaciones Internas del ministerio, aseguró que la investigación comenzó en enero de este año cuando cinco efectivos de la PFA pertenecientes a otra Brigada de Investigaciones Antinarcóticos se acercaron para pedir “protección” porque tenían que realizar una denuncia contra sus colegas, lo que de alguna manera da cuenta del estado de confiabilidad interno.

Según el letrado, desde el Ministerio de Seguridad se les dio garantías y se empezó a recoger lpruebas, junto con la Procuraduría de Narcocriminalidad Antinarcóticos, a cargo del fiscal Diego Iglesias. 

Los denunciantes contaron que habían realizado una investigación sobre narcotráfico y en diciembre pasado, cuando estaban a punto de allanar domicilios de los narcos que recibirían cocaína procedente del noroeste, fueron corridos de sus cargos y enviados a cumplir funciones en delegaciones del sur argentino.

“Declararon que sus colegas realizaron esos allanamientos y que se quedaron con una suma de dinero que no era precisamente la que hallaron”, dijo Manfroni.

En la operación realizada en diciembre del 2017, que llevó el nombre de Ave Rapaz, la nueva brigada había declarado la incautación de algo menos de 300.000 dólares en un galpón de Tapiales, pero no sólo apropiados del nombre del operativo, los rapaces rapiñaron un millón y medio de dólares. En esa oportunidad, decomisaron casi 1200 kilos de cocaína provenientes de Bolivia y detuvieron a los presuntos cuatro cabecillas de la banda narco que distribuía la droga desde Salta a todo el país.

“Trabajamos como un solo equipo en una investigación que duró tres meses, al cabo de los cuales hubo indicios más que suficientes para que el juez federal de Salta (Julio Bavio) ordenara, a pedido de la Procunar, la detención del jefe de la Brigada, el subcomisario Russo, y del principal Cóceres”, destacó Manfroni. Además, la Superintendencia de Asuntos Internos allanó once domicilios.

“No puedo dar muchos detalles pero sí puedo decir que como resultado de los allanamientos hay varias evidencias de que el dinero con el que se quedaron lo habrían gastado en algunas cosas que no están ajustadas al patrimonio que cobran como retribución de la Policía Federal”, afirmó Manfroni. 

En tanto, el jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, dispuso la inmediata separación de la fuerza de los efectivos mencionados y la investigación administrativa pertinente y ratificó que “no se va a permitir bajo ningún punto de vista conductas reñidas con el ordenamiento jurídico ni comportamientos antiéticos que impliquen apartarse de los lineamientos de gestión fijados por el Ministerio de Seguridad”.