En medio de los cortocircuitos entre el Gobierno y la Corte Suprema, que incluyen pases de facturas por la filtración de escuchas judiciales, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunieron con la Corte en pleno. Según señalaron en el Gobierno, en encuentro fue “muy institucional” y no se salieron del protocolo. El motivo fue conversar sobre las reformas judiciales que ambos poderes buscan encarar, aunque hay desacuerdos incómodos como la extensión del horario de los jueces. A la salida del encuentro con los jueces, Garavano aprovechó para sostener que “no existen rispideces con la Corte”. 

Antes del encuentro con los supremos, el presidente Mauricio Macri estuvo reunido con su gabinete judicial, que integran además de Garavano y Peña, el jefe de asesores de la Presidencia, José Torello, el secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas. De ese cónclave fue poco lo que dejaron trascender, aunque ya es sabido el enojo presidencial por el fallo de la Corte que eliminó el tribunal ad hoc que el macrismo había impulsado para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La liberación del empresario Cristóbal López y de diversos ex funcionarios del Gobierno anterior también cayó mal en la Rosada, al punto de que están apuntando a desplazar a algunos de los jueces que firmaron esas sentencias. La andanada oficial motivó que las asociaciones de magistrados más tradicionales debieran advertir sobre las intromisiones del Ejecutivo.

A esto se suman los pase de factura cruzados por la filtración de diversas escuchas, pero en especial las de Cristina Kirchner, a la que algunos periodistas muy cercanos al Gobierno tuvieron acceso constante y privilegiado. Desde la Corte apuntaron a la AFI que conduce Gustavo Arribas por la filtración, mientras que en el Ejecutivo señalan a los jueces e incluso algunas aliadas del Macri, como Elisa Carrió, acusan al presidente de la Corte de ser él quien está montando un sistema de inteligencia paralelo. 

Lo cierto es que el encuentro de Garavano y Peña con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y sus integrantes Elena Highton de Nolasco; Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, tuvo fines más protocolares: entre ellos, la digitalización de la Justicia a través del expediente electrónico.

No obstante, otras reformas que plantea el macrismo no tienen consenso entre los jueces, como la extensión del horario de atención en Tribunales, que en la actualidad es de 7.30 a 13.30. Desde Perú, Macri se ocupó de mandarlos a trabajar más horas. Lo dijo así: “Tenemos que velar porque haya decisiones de fondo en tiempos razonables. Hay juicios que no se terminan nunca y, por eso, 15 o 20 años después recién hay condenas”, indicó.

El otro muerto en el placar que sobrevoló la reunión fue la denuncia de Elisa Carrió contra Lorenzetti, que se concretó el mismo día del encuentro.

“El doctor Lorenzetti está montando un aparato de inteligencia a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado”, dice el texto que difundió ayer, oportunamente, la diputada y que todos en el encuentro quisieron evitar. “Repartió cargos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (de la que depende la oficina de escuchas) entre jueces y fiscales, no sólo promoviendo el nepotismo judicial sino también intentando lograr el silencio de sus inferiores en la Justicia”, lo cruzó Carrió.

Garavano buscó poner a salvo al Ejecutivo de esa ristra de acusaciones: “Es una decisión de la diputada y lo hace en el ámbito de su competencia, y será el Congreso el que deberá analizar esas cuestiones”, sostuvo. Para emparejar las cosas, Carrió también viene amenazando con pedirle el juicio político a Garavano por la disolución de la Unidad AMIA y la no acusación a los ex fiscales en el juicio por encubrimiento al atentado a la mutual judía. Ya algo resignado a ser el blanco de la dirigente, Garavano sostiene que si quiere presentar un juicio político, el lugar es el Congreso. 

Garavano, tras el encuentro con los cortesanos, se ocupó de intentar bajar toda animosidad entre los poderes. “Podemos estar en desacuerdo con algún fallo o alguna acordada, pero no nos gusta hablar de rispideces; cada uno hace lo que considera correcto en el ámbito de su competencia y somos respetuosos de eso”, sostuvo el ministro de Justicia, quien consideró que uno de los temas a lo que deben ayudar los tres poderes del Estado es a que la Justicia penal pueda agilizar los tiempos para resolver los proceso por causas de corrupción y que lleguen en forma más veloz a juicio oral. 

Garavano consideró que la Corte “va a liderar este proceso de reformas hacia el interior” del Poder Judicial. “Se acordó tener reuniones mensuales para poder avanzar con las reformas que impulsa la Corte, que requieren del apoyo de los otros dos poderes”, indicó. “Se habló de fortalecer la institucionalidad, que se ha ido perdiendo en los gobiernos anteriores”, sostuvo.