Enrique Rabell García, Javier Rascado Pérez y Gerardo Servín Aguillón son tres abogados y profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), México, que visitaron Argentina la semana pasada con un objetivo concreto: conocer en qué medida el del país es un gobierno transparente y cuáles son las políticas que apuntan a instalar ese vínculo entre la clase política y los ciudadanos. “Tenemos muchas coincidencias entre Argentina y México en el sistema político, en el sistema académico, cuestiones estructurales, venimos a descubrir cuáles son las que se pueden ver en cuestiones de transparencia”, puntualizó Rabell García, que coordina la Maestría en Administración Pública de la UAQ, donde se desempeñan sus colegas. Rascado Pérez asegura que “el reclamo de mayor transparencia a los gobiernos está surgiendo con fuerzas en diferentes partes del mundo, desde diferentes marcos ideológicos”. Ravell García completa: “En la medida en que la gente conoce más el detrás de escena del gobierno las cuotas de poder de ese gobierno se van desarmando”.

–¿Qué coincidencias encuentran entre México y Argentina en cuanto a políticas de transparencia y acceso público a la información?

Javier Rascado Pérez: –Se dice que México va a la vanguardia de América Latina con leyes de acceso a la información. Pero lo que es una verdad es que tiene un trasfondo. Nosotros hemos avanzado porque la falta de transparencia en nuestro país es una de los problemas que nos agobian. Realmente en otros países no han tenido que legislar en la materia o constituir organismos autónomos sencillamente porque no los necesitaban. Sin embargo, ha habido acercamientos e intercambios con Argentina y Chile sobre todo, para que sí vean en el modelo mexicano un modelo a seguir. Seguirlo desde la política pública de la transparencia en vinculación con la perspectiva de los derechos humanos. A Argentina vinimos a conocer cómo está la situación. Lo que sabemos es especulativo. Sabemos que Argentina está trabajando en el tema de acceso público a la información pero que hay problemas en la institucionalización. Que están trabajando más fuerte en la protección de datos, que aquí han fortalecido más esa vertiente., pero que falta una política pública integral de transparencia, veremos con qué nos encontramos.

–¿Cuál es la importancia para el funcionamiento democrático que existan leyes que regulen estas áreas y que la relación del gobierno con sus ciudadanos sea de transparencia?

Enrique Rabell García: –El reto para toda América latina es realizar un cambio de modelo muy fuerte. Nuestra herencia desde el Virreinato nos ha acostumbrado a tener una forma de trabajo donde cada institución literalmente protege sus datos y no le gusta compartir la información. Y esto se puede entender como dinámica histórica de conservación del poder. Tener información es tener poder y conservarla y no compartirla es conservar y no compartir ese poder. El hecho de romper un paradigma cuesta mucho trabajo. Cuando vienen y nos dicen “ahora tienes que cambiar tu manera de trabajar” cuesta. Se busca hacer eficiente el gobierno para transparentarlo de cara a los ciudadano: en la medida en que la gente conoce más el detrás de escena del gobierno, el detrás de escena de sus instituciones, las cuotas de poder se van desarmando. En teoría, en la medida en que el ciudadano tiene más información, no solo la relación entre ciudadanos y gobierno es más transparente, sino que el gobierno es menos corrupto y más eficiente. Cuesta trabajo, es una batalla que estamos librando día con día. Buscamos que en el futuro los ciudadanos tengan un paso dentro del gobierno y así irónicamente estamos haciendo presente uno de los principios de la democracia, el gobierno para el pueblo y el pueblo tiene que estar informado sobre qué es lo que se hace con su dinero, qué proyectos, qué política. El segundo paso es construir la participación en las políticas públicas. A lo mejor ahora el ciudadano común lo ve como una quimera, pero hay que visualizarlo en lo cotidiano.

–En Argentina, Cambiemos insiste en que batalla contra la corrupción pero muchos de sus integrantes protagonizan conflictos de intereses: relaciones con empresas privadas, vínculos con cuentas offshore…¿Qué desafío presentan estas situaciones contradictorias?

Gerardo Servín Aguillón: –En México también sucede esto que dices y estamos intentando cambiarlo. Tenemos lo que se llama un Sistema Nacional de Anticorrupción que busca generar interacción entre los ciudadanos y el gobierno para construir una credibilidad. Uno de esos comités tiene que ver con la participación ciudadana, los ciudadanos están activos dentro de estas estructuras participando. No van a tomar decisiones, pero implican que alguien que está observando. El objetivo es generalizar el sistema de tribunales para sancionar a determinados funcionarios públicos. Antes, quedaba en manos de los órganos de control de las propias estructuras.

Los órganos de los que formaban parte los funcionarios sospechados eran los encargados de analizar el caso. Hoy en día se logró sacar de esta órbita a las faltas graves y ahora un tribunal de justicia administrativa resuelve.

–Es un avance...

G. S. A.: –Sí, claro. Logramos que incluso haya diferentes categorías para medir las faltas graves. Pero esto también tiene otro punto desde el que se puede resolver. Me refiero a la ética. El servidor público que ingrese a la administración tiene que estar consciente de que tiene una responsabilidad, que tiene en sus manos la gran tarea de servir a una nación y que no puede estar haciendo conductas que no son conformes a su cargo. Esta parte de la ética, la capacitación a los servidores, debe ser un baluarte de estas estrategias para volver una sociedad más transparente.