Los ministros ecuatorianos de Defensa, Patricio Zambrano, y del Interior, César Navas, renunciaron ayer a sus cargos como consecuencia directa de la crisis que abrió el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio y el fracaso del área de Seguridad en la búsqueda de alias Guacho, el jefe disidente de las FARC que actúa en la frontera.

El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, hizo el anuncio de las renuncias, y la aceptación por parte del mandatario Lenín Moreno.

Las renuncias se dan apenas un día después de cumplirse el plazo que Moreno le había dado a los dos ministros para capturar a Walter Arízala Vernaza, alias Guacho, el disidente de las FARC a cuyo grupo se le atribuye una decena de ataques en el norte del país, ocurridos desde el pasado 27 de enero cuando estalló un coche bomba cerca de una estación de policía, dejando 28 heridos leves. 

Tras ese suceso, otros ataques con explosivos dejaron cuatro militares fallecidos y otros heridos. A él también se le adjudica el secuestro y asesinato en cautiverio de un equipo periodístico de  El Comercio, de Quito. Ante estos hechos, la semana pasada Moreno exigió responsabilidades a los ministros de Interior y de Defensa y anunció que si no le traen a alias Guacho en 10 días esperaba de ellos que dieran “un paso al costado”. 

Aunque la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) señaló a primeras horas de ayer que en “los próximos momentos” se darían a conocer los nombres de los reemplazos de Navas y Zambrano, pasado el mediodía aún no se conocían las nuevas designaciones. 

Desde el pasado 26 de marzo, cuando fue secuestrado el equipo periodístico, Navas estuvo al frente del caso, que terminó en tragedia con el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paul Rivas y del conductor Efraín Segarra. Además, apenas cuatro días después de confirmarse el asesinato del equipo de prensa, Navas informó de otro secuestro, esta vez de los ecuatorianos Oscar Villacís y Katty Velasco, también en la zona fronteriza con Colombia y presuntamente a manos de alias Guacho. Al confirmar el secuestro de Velasco y Villacís, Navas presentó un video de la pareja, enviado por sus captores, en el que piden apoyo del gobierno para su liberación.

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo asesinato, opinó que la decisión de Moreno respecto a Navas y Zambrano respondió “a la presión social y la indignación que existe en el pueblo ecuatoriano por el mal manejo de este caso”. Supuso que con la medida, Moreno pretende “oxigenar y darle más tranquilidad al suceso”, pero insistió en que no descansarán hasta lograr conocer la verdad sobre el asunto. Indicó, asimismo, que los familiares de las víctimas esperan tener una reunión con los reemplazos de los ministros a quienes les pedirán “celeridad” en las investigaciones. 

La dimisión de los ministros se produjo un día después de cumplirse un mes del secuestro del equipo de prensa, sin que sus familiares hayan conseguido información clara ni sobre el proceso para el rescate ni sobre el paradero de sus cadáveres. Los familiares de los integrantes del equipo de prensa reclaman por las inconsistencias en las declaraciones de Navas durante el proceso y exigen saber por qué no se contrató un equipo internacional e interdisciplinario para las negociaciones con los secuestradores. 

Esperan también que les informen si existió un negociador, su experiencia y qué negociaba, y quieren conocer las acciones que hizo la Cancillería para manejar la crisis de forma binacional, pues se conoció que los secuestrados estaban en territorio colombiano. Ricardo Rivas recordó ayer que la salida de Navas del cargo no lo exime de responsabilidades, por lo que sostuvo que los ministros deberán acudir a rendir declaraciones en caso de ser requeridos en el proceso de investigación.  

Pero los familiares no solo tienen interrogantes sobre los sucesos ocurridos desde el 26 de marzo sino también sobre el futuro. Exigen, por ejemplo, conocer cuál va a ser el canal de comunicación con el gobierno, pues la noticia de la muerte del equipo “no constituye un punto final en este proceso y la rendición de cuentas a las familias debe continuar. Exigimos saber la fecha exacta de su muerte”, dijeron al mes del secuestro. 

También piden a las autoridades de Ecuador y Colombia que dispongan las garantías para que el grupo de investigación internacional e independiente pueda trabajar en territorio ecuatoriano y colombiano para esclarecer el caso.