La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua informó el jueves que al menos 63 personas murieron y otras 15 están desaparecidas, en lo que definió como “una masacre contra el pueblo”. La CPDH, creada en 1977 en plena dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue clave en sus derrocamiento con sus denuncias  a las persecusiones de campesinos que recorrieron el mundo, y desde entonces es la principal fuente de consulta sobre violaciones a los DD.HH. en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos internacionales y centros académicos especializados.  

En tanto, aún no se sabe cuándo se iniciará el diálogo propuesto por el gobierno, aceptado con condiciones por los estudiantes, que siguen atrincherados en una universidad, y con la mediación de la Iglesia, principal aliado del gobierno, que a su vez convocó a una marcha en Managua para el próximo sábado.

La cifra de muertos difundida por la CPDH, que el miércoles estimaba que los desaparecidos eran 60, sextuplica el número de fallecidos informados por el gobierno de Nicaragua, y casi duplica las estimaciones de gente abatida a tiros, la mayoría de ellos jóvenes, difundida por ONGs y otros organismos defensores de los derechos humanos.

El director del CPDH, Marcos Carmona, señaló el jueves, flanqueado por jóvenes que estuvieron detenidos por la policía, algunos visiblemente golpeados y lastimados, y por madres que mostraron fotos de sus hijos fallecidos en los disturbios, que “lo que se dio es una masacre contra los estudiantes, contra el pueblo de Nicaragua”. 

La posición del recién creado Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M19A) fue plasmada en una proclama divulgada anoche en rueda de prensa en la Universidad Politécnica (Upoli) por líderes estudiantiles cuya identidad no fue revelada. “Para evitar más derramamiento de sangre, aceptamos la invitación que nos extendió la Conferencia Episcopal de ser partícipes en la mesa del diálogo, en el marco del respeto a todos los estudiantes y a nuestra Constitución Política”, indica el texto leído por una integrante de la agrupación. Sin embargo, asistirán al diálogo “siempre y cuando se nos garantice la seguridad de todos los estudiantes y que no exista persecución política para ninguno de los insurrectos”, advirtió la proclama citada por medios locales. El M19A responsabilizó al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, “de cualquier acto que atente contra las garantías y derechos constitucionales de nosotros y nuestras familias”, y reclamó la renuncia de ocho jefes policiales. 

La ola de manifestaciones en Nicaragua comenzó la semana pasada detonada por reformas en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que aumentaba los aportes patronales, en menor medida de los trabajadores, y reducía las jubilaciones en un cinco por ciento. A causa de las protestas, el domingo el presidente Ortega anuló esa reforma.