Legisladores de la oposición, referentes sociales y organizaciones ambientalistas expresaron ayer su rechazo a la modificación de la ley de Basura Cero que el oficialismo espera aprobar hoy en la Legislatura porteña. Además denunciaron y expusieron documentación que da cuenta de la existencia de “prácticas de manipulación mediática, tergiversación de la información pública y tácticas de presión y condicionamiento a la prensa” por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conseguir el respaldo a la iniciativa. “No sólo es escandaloso, sino que puede tener consecuencias penales”, aseguró Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

“Por primera vez, lo que todos sospechábamos está escrito en un papel: cómo usan la pauta oficial para influenciar”, sostuvo Viale en diálogo con PáginaI12, en referencia a la filtración de documentos confidenciales del Gobierno de la Ciudad en los que se revela el modus operandi del Poder Ejecutivo local en la concreción de sus políticas, desde el diseño, planificación y ejecución de planes paralelos a lo presentado públicamente. Para Viale, se trata de “la punta de un ovillo que puede destapar algo mucho más profundo” y, según adelantó a este diario, ya está confeccionado el borrador para dar curso a una demanda judicial. “Queremos que la Justicia tome conocimiento de que existen planes de la Ciudad, donde pretenden manipular a periodistas y a medios de comunicación a través de la pauta oficial. Ya no sólo es una cuestión ética, sino que puede tener relevancia penal”, aseveró. Por su parte, Facundo Di Filippo, del Colectivo por la Igualdad, se refirió al contenido de los archivos y consideró que “se trata del primer documento que se filtra del gobierno, donde se reconoce fácticamente que se presiona a periodistas con la pauta de publicidad oficial y que se hacen campañas distorsionadas para confundir a la población y lograr pasar una modificación de la ley de Basura Cero tan polémica, que genera un pasivo ambiental enorme y que deja 6 mil cartoneros en la calle”. La documentación filtrada está confeccionada digitalmente por usuarios de la Agencia de Protección Ambiental (APrA) y por trabajadores de ese ente gubernamental e incluye listas donde aparecen comunicadores, activistas y referentes de organizaciones ambientales –cuyos nombres no fueron publicados para resguardar su identidad– que, según contó Di Filippo, “directamente plantean influenciar con pauta oficial o condicionarlos porque trabajan para el gobierno, en el caso de los periodistas”. Sin embargo, más allá de esas “listas negras” de “personajes escaneables”, también “están todos los documentos de lo que fue el andamiaje y la estructuración de la campaña de diciembre del año pasado a diciembre de este año para plantear esto en la opinión pública, cómo desinformar, cómo mandar un paquete de muchas medidas vinculadas a supuestas leyes ambientales y esconder en el medio la incineración, cómo plantear esto en el marco del mundial para que la gente no debata el fondo de la cuestión y cómo, a su vez, entregar la licitación hacia diciembre cuando la gente esté discutiendo cuestiones nacionales”, confirmó Di Filippo a PáginaI12. Es decir, las 14 páginas del archivo filtrado también incluyen una “línea de tiempo” que describe el proceso de licitación, que “llamativamente se ha venido cumpliendo sin retrasos” y dentro de la cual se incluyen “tiempos mediáticos”, detallando notas “plantadas” a medios y periodistas, con viajes, documentación y “relacionamiento” y “pedagogía” con voceros, de manera de influir e interferir en el proceso de votación; una presentación en PowerPoint donde APrA establece una “estrategia comunicacional”, para “alinear actores e influenciadores en función de cambios normativos” de la ley de Basura Cero; las líneas argumentales del gobierno, que “coincidentemente sus funcionarios han venido sosteniendo desde principios de este año, con una llamativa disciplina comunicacional” y un plan donde se recomiendan acciones públicas distractivas, según manifestaron los referentes durante la conferencia.

Además de la denuncia penal que presentarán ante la Justicia, los referentes políticos y sociales pidieron que el gobierno porteño retire del debate su proyecto para modificar la ley de Basura Cero. Con respecto a esto, Viale consideró que “es gravísimo porque la manipulación de la opinión pública hace que el proceso esté viciado”. “Ellos tienen mayoría y la hacen valer de maneras arbitrarias, pero después de esto les va a costar”, dijo la legisladora del PTS, Myriam Bregman, en alusión a la modificación de la ley que el oficialismo pretende aprobar hoy. “Hubo desconcierto porque no pensaron que íbamos a hacer una presentación tan potente”, sostuvo Bregman. 

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.