Se levantó la proyección de un documental a favor de los represores en la Feria del Libro
Con el Nunca Más como límite
Organismos de derechos humanos presentaron una carta a la Fundación El Libro por una película de un centro de estudios de Salta que compila testimonios de represores, familiares, ex jueces y médicos que reivindican el terrorismo de Estado.
El general Heriberto Atuel, uno de los testimonios reivindicatorios de la represión en el documental.El general Heriberto Atuel, uno de los testimonios reivindicatorios de la represión en el documental.El general Heriberto Atuel, uno de los testimonios reivindicatorios de la represión en el documental.El general Heriberto Atuel, uno de los testimonios reivindicatorios de la represión en el documental.El general Heriberto Atuel, uno de los testimonios reivindicatorios de la represión en el documental.
El general Heriberto Atuel, uno de los testimonios reivindicatorios de la represión en el documental. 

El Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos, una institución que brega desde Salta por la llamada “memoria completa” sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar pretendía  estrenar esta tarde noche, en la Sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro, el documental Será venganza, una compilación de testimonios de represores encarcelados por haber cometidos delitos de lesa humanidad, familiares, abogados, ex jueces y médicos sobre las que construye su reivindicación del terrorismo de Estado y su repudio al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Los repudios no tardaron en llegar. Los organismos de derechos humanos enviaron ayer una carta a la Fundación El Libro, que luego de una reunión decidiò suspender la actividad. 

 El editor Guido Indij, acompañado por otros colegas, planetó el tema ayer en el Consejo de la Fundación. Los miembros miraron el trailer del documental y leyeron la carta de los organismos de derechos humanos. Todos los presentes acordaron en levantar la proyección. “La Fundación no acepta la censura en sus espacios, pero tiene un límite ético que es el del Nunca Màs”, señalaron. 

Será venganza es un documental dirigido por el realizador audiovisual Andrés Paternostro y producido por el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta. En su sitio web, el colectivo se presenta como un grupo de “jóvenes argentinos de bien, preocupados por el futuro de nuestra Patria” y anuncia que “a partir de testimonios y pruebas fehacientes” la producción audiovisual muestra “como se ha utilizado a la justicia para perseguir a aquellos que combatieron al terrorismo, de qué manera la venganza ocupó el lugar de la justicia y cómo fue utilizada ésta para hacer parodias de juicios más parecidos a los de la Alemania Nazi o de la Rusia Soviética con sus bandas de fiscales patoteros, testigos falsos y jueces prevaricadores”.

El tenor del material pasó desapercibido hasta ayer, cuando comenzó a difundirse la convocatoria y un resumen de la producción empezó a circular por redes sociales. Algunos sectores reaccionaron rápidamente en repudio. “Este documental tergiversa peligrosamente los hechos que llevaron a juzgar a los genocidas, de una manera solapada bajo el recurso de una ‘objetividad  histórica’”, remarcaron en un comunicado conjunto CTA, varios sindicatos docentes, los Metrodelegados, el Sindicato de Curtidores y la Federación Gráfica Bonaerense, entre otros. 

En el documental, que Paternostro ofrece como “otro aporte a la verdad y la justicia”, los testimonios del abogado del ex ministro bonaerense de facto Jaime Smart, el ex ministro de la Corte menemista Adolfo Vázquez y el constitucionalista y columnista de La Nación Gregorio Badeni, entre otros, defienden la calificación de “presos políticos” para hablar de genocidas. Los peritos médicos Mariano Castex y Josefina Margaroli aportan sus explicaciones sobre lo inadecuadas que son las cárceles para los represores –“están lejos de las casas familiares” lo cual “demuestra que no son espacios para vida digna”, asegura en el video ella–. Hijas y esposas de represores presos se encargan de asegurar que la situación de sus padres y esposos “no es normal” y de calificar al proceso de Memoria, Verdad y Justicia como “un negocio monstruoso”. 

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