La incineración de los residuos que aprobó la Legislatura porteña se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que, pese a ser usado en varias ciudades del mundo, es resistido por ambientalistas a nivel mundial. De hecho, en Europa ya hay una recomendación oficial para no instalar nuevos hornos de ese tipo e ir eliminando los que siguen en funcionamiento.

Las plantas de termovalorización aprovechan el calor de los residuos mediante una combustión controlada en un sistema cerrado en donde las emisiones se tratan químicamente.

El proceso comienza con la descarga de residuos que no integran el sistema de reciclado en una planta creada para ese fin, para exponerlos a una combustión superior a los 850 grados que puede quemar más de 30 toneladas de basura en una hora.

Con la energía de la combustión se calienta agua para obtener vapor que, primero, pasa por una turbina asociada a un alternador y genera energía eléctrica, y luego alimenta el sistema de calefacción urbana, hasta volver a la planta para repetir el ciclo, abastecido con la energía eléctrica propia. Mediante una condensación por aire, el vapor es enfriado, lo que permite reciclar el agua. En tanto, las cenizas y la escoria son dispuestas en rellenos sanitarios.

Las sustancias tóxicas y los metales pesados son analizados periódicamente y operan, según aseguran sus promotores, bajo sistemas que cumplen con los estándares de calidad establecidos por las regulaciones internacionales.

Hay tres filtros: uno para eliminar las sustancias sólidas; otro para eliminar fluoruros, cloruros y metales pesados; y un tercero de carbón activado granulado para separar furanos y dioxinas. Las chimeneas pueden estar a 80 metros y tienen sensores para controlar la calidad de lo que se libera a la atmósfera.

No obstante, Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas a nivel mundial denuncian que estas plantas contaminan. Lo que más preocupa del método es la liberación de dioxinas, que son químicos potencialmente cancerígenos y altamente contaminantes.

También se critica en Argentina que este modelo acabaría con al menos 5000 puestos de trabajo de las cooperativas que integran el sistema de gestión social de la recolección de los residuos.