“No te mueras, club de barrio
no te mueras, chiquitín,
que la vida huele a tango
a milonga y berretín…”
“Club de barrio”,
tango de Fabián Bracco.
El tarifazo, ese puñal que se hunde en el corazón de miles de hogares argentinos, no deja cuerpo sin mutilar. En el caso de los clubes de barrio, se trata del cuerpo social, de la espina dorsal de un sistema asociativo y solidario que reemplaza al Estado en funciones esenciales. En ese punto de encuentro practican deporte el 80 por ciento de quienes lo hacen en el país. Según cuál fuente se elija, la cantidad total de instituciones civiles sin fines de lucro varía. Claudio Morresi, ex secretario de Deporte de la Nación, recuerda que “había 7.000 registrados” cuando dejó su cargo, pero piensa que son muchos más. Para la Confederación Argentina de Clubes de Barrio hay al menos 20.000. Un cálculo bastante lógico si se toma en cuenta que existen 2.400 municipios en todo nuestro territorio.
Ya se sabe lo que significaron los aumentos de hasta el 1.500 por ciento que el gobierno les aplicó a las boletas de gas, agua y luz. El colapso económico-financiero de los clubes de barrio los dejó en el umbral de la cesación de pagos, obligó al cierre de actividades, a correr horarios para no consumir energía, y también a unir voluntades ante la aplicación de una política confiscatoria. Fue el caso de cinco clubes del partido de San Martín, en el conurbano (Social y Deportivo Las Heras, Deportivo San Andrés, Tres de Febrero, Ferrocarril Mitre y la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester), que llegaron en queja hasta la Corte Suprema por el tarifazo. O el de 19 de noviembre, una entidad del barrio Los Hornos, de La Plata, cuyos dirigentes, socios y padres de hijos que utilizan las instalaciones salieron a vender pollos para saldar una cuenta impaga de la luz por 11.500 pesos.
La historia solidaria de estas instituciones está en su propia genética. En el documentado libro El club de barrio en la ciudad de Buenos Aires, de Angel Prignano, se recuerda que en sus orígenes “solían convocar reuniones benéficas con el propósito de recolectar dinero para distintos fines: adquisición de libros para sus bibliotecas u otras externas, compra de ropas para repartir entre indigentes, colaboraciones a cooperadoras de hospitales y escuelas públicas, y donaciones a damnificados por grandes desastres naturales, como el caso del terremoto que sacudió a la provincia de San Juan en 1944 o las inundaciones que recurrentemente afectaban a los barrios ribereños del Riachuelo”.
Mal puede percibir la utilidad pública de estos clubes, un gobierno que los asfixia con tarifas impagables, los somete a un régimen tributario semejante al de las sociedades anónimas y les demanda a sus dirigentes que presenten trámites que triplicaron o cuadruplicaron su valor. Como si fueran lo mismo vender inmuebles o teléfonos celulares que dar de comer a miles de chicos o sacarlos de la calle para que practiquen deportes.
Diego Albarellos, de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio sostiene que “el deporte argentino cuenta con un presupuesto cercano a los 2.000 mil millones de pesos y solo 292 millones son destinados a los clubes, cifra irrisoria para ser repartida en los 20 mil clubes de barrio que existen en nuestro país”. Desde esta organización relevaron una serie de datos que son tan elocuentes como el tarifazo de los servicios públicos. Se trata del empleo directo e indirecto que generan estas asociaciones civiles y lo que gastan en diferentes actividades de la economía nacional.
Los clubes dan trabajo a profesores de educación física, médicos, docentes, guardavidas, personal administrativo, de maestranza y seguridad o gastronómicos de manera directa. Bajo convenio o informalmente. Pero también generan empleo indirecto cuando contratan a árbitros, planilleros, veedores, operadores de mesas de control o personal temporario en época veraniega. Entre 750 mil y un millón de trabajadores estarían conchabados en los clubes argentinos.
Albarellos aporta cuadros donde se contabilizan los productos que determinadas industrias les venden a esas asociaciones civiles sin fines de lucro. La textil coloca indumentaria deportiva; la del calzado botines y zapatillas; la de artículos para la práctica de distintas disciplinas aporta pelotas, redes, guantes, conos, protectores; la del turismo pasajes para delegaciones numerosas y alojamiento.
La industria textil les vende indumentaria deportiva por 14 mil millones; la del calzado –según los datos de la misma fuente– por 6 mil millones de pesos y los clubes adquieren pelotas y otros elementos por 20 mil millones. La hotelería obtendría beneficios anuales por 625 mil millones de pesos si se cuantifica que 20 mil clubes podrían contratar un millón de habitaciones al año a 625 pesos por día en promedio. Y el transporte también gana porque se calcula que los clubes compran al año unos 20 mil pasajes de avión, solo para viajar dentro del país. Son ejemplos de lo que generan en la Economía nacional estas entidades sin fines de lucro sometidas al tarifazo.
Su indefensión jurídica es notable si se analiza que la ley nacional 27.098 de los clubes de barrio y de pueblo (sancionada el 17 de diciembre de 2014) todavía no se reglamentó. También está igual la Ley Nacional del Deporte. Otro problema que afecta a las asociaciones civiles sin fines de lucro son las asimetrías que perduran con sus federaciones o ligas deportivas de las cuales dependen. Les cobran cuotas, multas, trámites y su poder económico es mucho más alto. La frase repetida de “AFA rica, clubes pobres” es bastante ilustrativa de la situación.
Los clubes de barrio se preguntan ante este panorama “cómo puede un sector tan importante de nuestra sociedad no ser tenido en cuenta por el estado, ser la cenicienta en las discusiones del deporte en nuestro país, cuando representa al 80 % de la comunidad deportiva y como arrojan los números, inyectan a la economía miles de millones de pesos que de haber políticas de distribución de esos mismos recursos que los mismos generan, sería un sector sin ningún problema para autofinanciarse”.
Pero no todo está perdido como parece. En defensa de los clubes, con fútbol o sin fútbol profesional, de popularidad nacional o regional, con miles de socios o tal vez menos de un centenar, empiezan a organizarse sus hinchas con un pliego de reivindicaciones que supera a la negatividad que provoca el tarifazo. Se reúnen contra las Sociedades Anónimas Deportivas en el hotel Bauen y en la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino para marchar como lo hicieron el último 24 de marzo. Son espacios de resistencia que van ganando las calles, las redes sociales y rechazan la política oficial de sometimiento sobre los clubes que son su razón de ser.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Deporte de la Nación, se subsidia a entidades distinguidas donde se practican polo, yachting y golf. Una provocación que podría tratarse de un delito y que sumada al tarifazo, define la política de un Gobierno que tiene la sensibilidad social de una ameba.
