Pensar los derechos humanos hoy es, para el Centro de Estudios Legales y Sociales, tejer alianzas para superar los momentos de angustia con demandas y trabajar por defender lo conseguido. Así concluyó Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del organismo, el debate entre cuatro mujeres que moderó en la Feria del Libro, con el más reciente informe sobre los derechos humanos en el país elaborado por el CELS como eje central: “Eso es para el CELS pensar los derechos humanos hoy: desplegar un trabajo de alianzas con organizaciones sociales, sindicales, organismos de derechos humanos históricos e instituciones que aún intentan defender o dar algún tipo de reparo a demandas que son necesarias hacer en un momento de regresión en términos de protección de derechos humanos. Y al mismo tiempo, seguir trabajando por hacer valer lo que logramos tras muchos años de trabajo colectivo”, reflexionó Litvachky, con la Madre de Plaza de Mayo y vicepresidenta del CELS Laura Conte a su lado y la compañía de las investigadoras Paula Abal Medina y María Victoria Pita.

“Un panel de mujeres, ya empezamos bien”, destacó Conte en su introducción al encuentro que el CELS tituló “Discutir los derechos humanos en la Argentina de hoy”. En su introducción, Conte recordó a Emilio Mignone, “el fundador” del CELS, y a la Madre de Plaza de Mayo Carmen Lapacó. “Pensar cómo se puede sostener el proceso de memoria, verdad y justicia después de mensajes negacionistas y cruzarlos con los conflictos de la democracia en la Argentina”, propuso Litvachky.

Cuando fue su turno, Pita, antropóloga e investigadora del Conicet, planteó que si bien pisa fuerte la lectura de que en materia de derechos humanos hay “una vuelta al pasado que creíamos haber dejado atrás”, el informe del CELS postula que “es posible identificar diferentes matrices” para leer el presente, que es “singular” y en donde “hay algo distinto ocurriendo”. Pita encuentra una “que finca en la antigua noción de orden público” y otra que “se afirma en el paradigma de los derechos y libertades de la ciudadanía”. “Para la primera, el orden y el Estado son valores que deben ser protegidos de las demandas colectivas y de procesos de conflictividad social. Para la segunda, lo central es la protección de las vidas, los derechos de los ciudadanos”, puntualizó.

Esa lectura deja ver una “preocupante” convergencia de decisiones políticas y judiciales que “lesionan” el sistema de derechos humanos, “revirtiendo decisiones que fueron limitaciones al uso de las fuerzas de seguridad, por ejemplo”, añadió. “Las fuerzas actúan de manera represiva y violenta cuando se expresan sectores sociales, cuando se expresa la oposición política”, continuó y mencionó, en ese marco, “una habilitación de expansión del poder de policía en la vida social”, cuya “novedad” es “el abierto aval del Poder Ejecutivo”. “A estos retrocesos se los debe enfrentar con una matriz en clave de derecho de los derechos humanos. Es urgente articular una transversalidad para limitar el poder de policía que está amenazando el estado de derecho”, propuso la investigadora. 

Abal Medina, socióloga experta en el sector trabajador, advirtió que “la mira de este gobierno está puesta en los trabajadores y en sus diversas figuras emergentes, como el feminismo, con el objetivo de desarticular el bloqueo social que existe en Argentina, donde los niveles de organizaciones populares no dejan de sorprender” y definió a ese sector como “el sujeto político más dinámico de la etapa que se está abriendo”. Describió como “difícil” al momento del país y la región, marco en el que el informe del CELS se vuelve “muy valioso”. “Sirve para desgranar la embestida y regresividad en materia de derechos humanos de las políticas de este gobierno y para detectar y analizar las nuevas conflictividades que se están desplegando”. 

En ese sentido, describió el esquema con el que el oficialismo está asestando su golpe contra los trabajadores en una lista que incluye la “ocupación del Estado por CEOs de grandes multinacionales”, la “transferencia” de recursos desde los sectores empobrecidos a los concentrados; la “convergencia entre medidas de gobierno y fallos judiciales que lesionan fuertemente el sistema de derechos humanos y que habilitan la persecución política, sindical, ideológica”; así como la criminalización a las expresiones populares.

Dentro de tal panorama, la socióloga propuso evaluar “el peso de la CGT y en qué medida expresa el sentir de la clase trabajadora” a la vez que destacó como “emergentes positivos” a los trabajadores aceiteros y del azúcar, a maestras y maestros, y especialmente al sector de la economía popular y al feminismo.