La defensa de Cristóbal López y Fabián de Souza presentó ayer un durísimo escrito en el que denuncia una maniobra político-judicial destinada no sólo a meter presos a ambos empresarios, si no también a silenciar el canal C5N y las radios del grupo Indalo: “La pretensión es que se cierren todos los medios de comunicación, cuya línea editorial tanto incomoda al gobierno nacional, o que terminen en manos del algún monopolio periodístico más dócil y afín a los intereses de la alianza gobernante”, señala el texto firmado por Carlos Alberto Beraldi, el abogado de López y De Souza. En la presentación se pide que declaren numerosos funcionarios del Gobierno, porque trascendió que visitaron y presionaron a los magistrados que tenían que resolver en el caso Indalo, y también el presidente Mauricio Macri, quien dijo que el fallo que puso en libertad a los empresarios –después revocado– “no fue lo acordado”, ventilando la existencia de presiones y acuerdos con los jueces que intervinieron.
La presentación está dirigida a la Cámara de Casación, pero recusa a los dos camaristas –Gustavo Hornos y Eduardo Riggi– que resolvieron que López y De Souza vuelvan a la cárcel. Beraldi cita 50 fallos de Casación, incluso de los mismos magistrados, en los que recursos como los que presentó el fiscal y la AFIP fueron declarados inadmisibles por no tratarse de sentencias definitivas, como las que trata Casación. La jueza Ana María Figueroa justamente declaró inadmisible el recurso y enumeró todos los fallos anteriores. Además, en el texto se demuestra que Hornos y Riggi resolvieron en 24 horas el recurso sin haber leído el expediente, ya que no hay ningún registro de que hayan pedido la causa al juez Julián Ercolini. Pese a que en el caso no había en ese momento ningún detenido, Hornos decidió un trámite abreviado, demostrando la urgencia que se impuso desde el Poder Ejecutivo. Además de la recusación de los magistrados, Beraldi pide que el caso sea tratado por la Corte Suprema.
A lo largo de 37 fojas, Beraldi detalla las intervenciones de Mauricio Macri señalando que López y De Souza debían ser despojados de las empresas. Para ello se recurrió a un reclamo –también formulado por Macri– de que se cambie la calificación del delito para que la AFIP no otorgue el plan de pagos que se le otorgó a más de mil empresas empujando así a la quiebra al grupo Indalo. Todo lo formulado por el mandatario se cumplió: cambio de calificación, negativa al plan de pagos, quiebra decretada por el juez comercial Javier Cosentino, apertura de ofertas para quedarse con la petrolera Oil y los medios de comunicación con oferentes cercanos al Gobierno en la línea de partida.
En el camino ocurrieron algunos hechos asombrosos que evidencian –sostiene la presentación– la manipulación político-judicial:
- Los diarios consignaron la visita de funcionarios de la AFI y operadores del Ejecutivo a los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah para convencerlos de que no dictaran un fallo dando la libertad a López y De Souza, ambos presos sin juicio, sin condena, sin peligro de fuga y sin que puedan alterar las pruebas, ya que se trata de una causa documental que seguramente el juez intentará elevar a juicio de inmediato. Es inédito que un funcionario de tan alto rango intervenga visitando a los jueces.
- Los medios señalaron que a los dos jueces se los alertó que un fallo de esa naturaleza podía traerles consecuencias.
- Tras la liberación de López y De Souza, a Macri se le escapó la siguiente frase en el programa de Mariana Fabbiani: “No fue lo acordado”.
- Los diarios señalaron luego que “Macri accionó la botonera del poder” y exigió la remoción de ambos camaristas. Y menos de un mes más tarde, Ballestero fue forzado a pedir la renuncia y Farah pidió el traslado a un tribunal oral.
- El juez Riggi en su fallo calificó de “irrespetuoso” a Cristóbal López porque criticó a Julián Ercolini por haberlo mandado a la cárcel. De allí sacó la siguiente conclusión: “Revela no sólo una familiaridad manifiesta con el delito sino también una elocuente sensación de impunidad”. Este tramo descabellado evidencia –tal como dice Beraldi– la ausencia de imparcialidad de Riggi.
Uno de los datos más llamativos del texto de la defensa de Cristóbal López y Fabián de Souza es que Macri usó el caso públicamente para instar al blanqueo: “Acá todo el mundo tiene que pagar los impuestos así que aprovechen esta última oportunidad que tienen, porque si no Alberto Abad (entonces titular de la AFIP) los va a encontrar. Que paguen sus impuestos y blanqueen. Acá no hay más Cristóbal López que no pagan sus impuestos”. Como se sabe, el blanqueo fue usado por la familia presidencial (que no pagó impuestos) para sacar a la luz fondos evadidos, mientras que la AFIP le negó todo plan de pagos a Indalo, buscando arrinconar a la empresa y empujarla a la quiebra, “poniendo en riesgo todos los puestos de trabajo”, según consigna el texto.
Además de recurrir a la Corte, el caso será tratado por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados ya que en el trasfondo está la intención de silenciar medios no alineados con la Casa Rosada.
