El 14 de diciembre pasado, la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA) distinguió por su rol como presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy a la jueza Clara Aurora De Langhe de Falcone, una pieza clave en el armado del gobierno de Gerardo Morales, para mantener detenida a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a pesar de los pedidos de “inmediata liberación” de la ONU y las condenas públicas del titular de la OEA, Luis Almagro, entre otras personalidades e instituciones internacionales. Frente a esa distinción, casi una decena de juezas expresaron su “profundo desagrado” y presentaron su renuncia a la Asociación, entre ellas, la jueza de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, María Laura Garrigós de Rébori, quien sostuvo que con esa mención la institución “se alinea con la actividad de los jueces de Jujuy, que nos están llevando a la condena internacional”.
Garrigós de Rébori, que integraba la asociación desde su constitución y también es titular de Justicia Legítima, desistió de asistir al agasajo hecho a Langhe de Falcone y denunció que la AMJA “no hizo nada en repudio a lo que está ocurriendo con la detención arbitraria de Milagro Sala”. “Como jueces –sostuvo– asumimos un compromiso como organismo del Estado frente a las responsabilidades internacionales y no lo podemos eludir. Lo saben, pero deciden ignorarlo”. En ese tono, la jueza reclamó que “a los jueces jujeños se los interpele”, al considerar que su desempeño “amerita la intervención federal”.
El 1 de diciembre, dos semanas antes de la distinción, el tribunal presidido por Langhe de Falcone declaró la inconstitucionalidad de los fueros de inmunidad para Milagro Sala como diputada del Parlasur y confirmó su prisión preventiva. Además, Langhe de Falcone es la suegra del juez Gastón Mercau, quien tuvo a su cargo la causa en laque Sala fue arrestada por el acampe en la Plaza Belgrano.
“Ya lleva 346 días privada de su libertad sin condena”, resalta el escrito redactado originalmente por la jueza de Santa Cruz Alicia de los Ángeles Mercau y al que adhirieron las también renunciantes a la (AMJA): Cristina de los Ángeles Lembeye, Connie Rossanna Naves, Rosa Nuñez, Paula Ludueña Campos y René Fernández, María de los Ángeles Bonzano y Mariana Perez Villalobo.
–La invocación al federalismo y la independencia de la justicia jujeña ha sido hasta el momento el argumento del Ejecutivo provincial y nacional para evitar cumplir con las resoluciones de la ONU, ¿tiene sustento? –preguntó PáginaI12 a Garrigós de Rébori.
De ninguna manera. Esa invocación la hace el gobierno nacional, pero saben, como cualquier estudiante de primer año de Derecho, que el único responsable por los tratados internacionales es el gobierno federal, aún por los actos que lleven adelante los estados provinciales. A los organismos internacionales no reparan en la organización política de los Estados miembro. Ya hemos sido condenados en la CIDH por la actividad del servicio penitenciario de Mendoza y nada tenia que ver el Estado nacional allí, pero la condena fue para la República Argentina.
– ¿Qué opina del rol de la Corte Suprema? ¿Debería haberse pronunciado esta semana a partir de los cuatro recursos extraordinarios que decidió rechazar por “inadmisibles”?
–No eran los recursos que se vinculan con la detención preventiva, esos recursos aún no llegaron a la Corte. En la habilitación a uno de los recursos, la Sala II de Casación ya empezó a abrir el juego y la Corte pudo haber tomado el guante si hubiera querido, pero a lo mejor apostó a que la justicia de Jujuy lo resuelva. Sin embargo, cuando tengan la oportunidad van a tener que tomar cartas en el asunto y cumplir. Si no ocurre el Legislativo debería actuar a través del pedido de intervención federal. La responsabilidad en el ámbito internacional es del Estado, así que los tres poderes están comprometidos.
