Se organizaron, golpearon puertas y, con lo que cuesta conseguir buenas nuevas por estos días, lo consiguieron. Chubut, la provincia que tiene el costo de vida más caro del país, aprobó un proyecto para que el 0,5 por ciento de los cargos en la órbita del Estado sean empleados por personas trans, lo que se traduce en unas 200 plazas tanto de planta permanente como transitoria. El artículo 1 de esta ley, sancionada la semana pasada, tiene en cuenta la exclusión estructural de la población trans adulta, por ello se plantea que el Estado deberá ofrecer a quienes se postulen “capacitaciones y formación para que reúnan las condiciones de idoneidad para la efectiva ocupación del puesto”. ¿Quiénes podrán acceder? Todos y todas, más allá que hayan hecho o no un nuevo DNI. Ahora habrá que enfocarse para que este derecho no sea solo un anuncio, ya que la provincia de Buenos Aires (donde viven 14 de los 44 millones de habitantes de Argentina) tiene cajoneada la reglamentación de la ley similar que se aprobó en octubre de 2015. Vamos a estar atentis: a partir de ahora la provincia de Chubut tiene 60 días para que se reglamente.

“La situación por la que tenemos que pedir que exista un cupo es la misma en todo el país. Como no se incluye a personas trans en las búsquedas y contrataciones la mayoría de las compañeras están sin un trabajo estable. Hay muchas que no quieren hacer trabajo sexual, que ya están cansadas o con enfermedades que les hacer buscar un ritmo de vida diferente. Queremos que el Estado esté presente para garantizar una oportunidad de trabajo”, dijo a SOY Daniela Andrade, directora del Área de Diversidad LGBTIQ Social y Étnica de la municipalidad de Comodoro Rivadavia e integrante de ATTTA Chubut. Este proyecto -que se venía cocinando hace algunos años en la provincia por ATTTA y la FALGBT- fue presentado en común con los legisladores Gustavo Fita y David González (FpV), y quedó aprobado por unanimidad en recinto. La ley prevé que para custodiar su funcionamiento haya un registro de aspirantes y un observatorio de aplicación, que dependerá de la Dirección General de Diversidad. “Invitamos a los municipios a que se sumen con ordenanzas para ampliar lo que es el alcance, ya que la posibilidad de un trabajo formal es una forma de incluir vidas que estuvieron por mucho tiempo relegadas. Igual sabemos de lo mucho que queda por delante, y ahora vamos a ir por el acceso a una vivienda digna”, dijo Andrade.