“¡Nunca más!” Cientos de miles replicaron ese grito de dolor en la Plaza de Mayo el 24 de marzo al cumplirse 20 años del golpe cívico-militar. En Madrid, un joven fiscal, Carlos Castresana, se conmovió ante la multitud y decidió hacer algo. Apenas cuatro días después presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por Genocidio y Terrorismo de Estado contra las juntas militares que gobernaron la Argentina. El juez Baltasar Garzón se declaró competente. Un atajo impensado se abrió para conjurar la impunidad garantizada entonces por las leyes del olvido y los indultos. La justicia universal empezó a tomar cuerpo. El mundo se convirtió en un riesgo de cárcel para los represores y la Argentina, paradójicamente, en el único lugar en el que gozaban de libertad. Tuvieron que pasar casi diez años para que la Justicia los condenara en el lugar donde cometieron los crímenes.
