Zona de riesgo
VIOLENCIAS | Desde la primera marcha de NiUnaMenos, hace tres años, se mejoró el registro de femicidios y el protocolo de investigación, pero todavía no está puesto en práctica (aunque hay una capacitación en marcha) el Patrocinio Jurídico Gratuito para víctimas de violencia de género. La Ley Brisa espera ser sancionada en el Congreso de la Nación (para reparar a hijas e hijos que quedan huérfanxs por femicidios) y el acceso y organización de la justicia en todo el país son deudas pendientes. La falta de presupuesto, el retroceso en los planes Ellas Hacen y en la cobertura de las trabajadoras de la línea 144 también marcan la marcha atrás de las políticas para frenar y erradicar el maltrato machista.
Imagen: Jose Nico

LEY BRISA:

Se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires, pero no en el Congreso de la Nación para que rija en todo el país una reparación económica para hijas e hijos víctimas de femicidios (que debería ampliarse a todos los casos y no solo a los que el progenitor es el asesino de la madre del niño o niña huérfanx por violencia machista). “Es necesario que se sancione la Ley de Reparación Económica para víctimas colaterales de femicidios porque, a raíz de la violencia machista instalada en nuestra sociedad, muchos hijos e hijas se han quedado sin madre. A partir de este hecho  traumático comienzan a estar a cargo de sus familiares quienes de un día para otro deben responsabilizarse social y económicamente. Esta reparación brindaría apoyo económico y de salud integral a los hijos e hijas. Hablamos de reparación y no de subsidio ya que el Estado es responsable de trabajar para la prevención y erradicación  de la violencia de género”, subraya Pamela Lodola, abogada de La Casa del Encuentro. 

ARTICULACIÓN FEDERAL EN LA JUSTICIA:

“El mayor desafío pendiente es garantizar la respuesta de las diversas demandas en términos de barreras para el acceso a la justicia a nivel federal. La implementación de políticas de prevención y atención tienen que coordinar poderes del Estado, pero también jurisdicciones y esta articulación se dificulta por motivos que desestiman la urgencia de la respuesta que se demanda”, reclama Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). 

SE AVANZÓ EN LA INVESTIGACIÓN DE FEMICIDIOS:

“Hubo un avance enorme en la reforma en el Código Penal, hace solamente seis años, en el 2012, al nombrar a los femicidios. Después de la reforma legal hubo algunas resistencias para la aplicación con la figura de femicidio. Pero hoy se instaló la jurisprudencia. Es un gran hito para tener en cuenta la mayor visibilización del fenómeno y menor impunidad en los casos. Por supuesto que queda mucho camino”, rescata Mariela Labozetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

PATROCINIO JURÍDICO GRATUITO:

A fines del 2015 se aprobó la ley para que las víctimas puedan contar con un abogado/a solvente y que pueda prestar atención a sus causas sin tener que contar con grandes sumas de dinero o quedar desamparadas frente a la justicia. Se está preparando una capacitación sin antecedentes para las abogadas/os que formen parte del proyecto que podría implementarse a fines del 208. Pero todavía a las víctimas les cuesta lograr tener representantes legales efectivas y a su alcance. “El Poder Judicial no garantiza el acceso a la justicia a la mujeres que logran denunciar a sus agresores (el 18 por ciento de los femicidios de los últimos tres años podrían haberse evitado ya que en todos los casos las mujeres habían realizado denuncias y el 10 por ciento tenían medidas de protección dictadas por la justicia). Y sigue sin garantizarse el patrocinio jurídico gratuito y especializado en todo el país”, asegura Raquel Vivanco, Coordinadora Nacional de Mujeres de la Matría Latinoamericana (MuMaLá).

REGISTRO DE FEMICIDIOS:

En el 2008 La Casa del Encuentro empezó a llevar adelante un Observatorio de Femicidios a partir de los asesinatos publicados en medios de comunicación. A la tarea, desde la sociedad civil, se sumaron las MuMaLá. Pero, desde el 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) llevan conteos sobre asesinatos de mujeres y trans. “Es un avance a partir de Ni Una Menos”, enmarca Labozzetta. 

MIRADA ESPECÍFICA PARA PROTEGER A ADOLESCENTES:

“Nuestro último informe de femicidios  refleja la realidad de los últimos cinco meses y demuestra que la mayoría de las adolescentes asesinadas no conocían a sus agresores. Fueron consideradas por ellos como objetos descartables y asesinadas como resultado de la violencia machista. Por eso decimos que es imprescindible un cambio cultural y de conciencia para erradicar la violencia de género de raíz de nuestra sociedad”, señala Ada Rico, Presidenta de la Asociación Civil la Casa del Encuentro. 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL:

“En estos tres años de NiUnaMenos, el Estado y la sociedad todavía tienen varias deudas con el movimiento feminista. La violencia física se sostiene sobre una estructura de inequidades profundas para las que exigimos medidas y presupuesto. Nos encontramos con la poca o nula implementación de la ley de Educación Sexual Integral, que es fundamental para pensarnos en una sociedad del futuro en equidad y libre de violencia machista. La falta de políticas públicas de prevención y el énfasis en el derecho penal como única herramienta ante la violencia contra las mujeres y La precarización laboral a la que somos sometidas muchas jóvenes, la falta de implementación y de garantía de lugares de trabajo para las mujeres travestis y trans, los recortes en programas de salud sexual y reproductiva (y no reproductiva), también son deudas pendientes”, apunta María Del Mar Ramón, integrante de Red De Mujeres. 

PROTOCOLO DE FEMICIDIOS:

“Se aprobó el Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres, impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación, para que en todos los casos de muerte violenta de mujeres siempre se comience la investigación partiendo de la base que puede ser un femicidio aunque después se descarte; se recomienda actuar con una debida diligencia reforzada en los casos de violencia de género; se da instrucciones a los fiscales de como se debe investigar y puede ser de un impacto altísimo para investigar eficientemente los crímenes y reducir a cero la impunidad de los casos de femicidio”, describe Labozzetta. 

PRESUPUESTO PARA FRENAR LA VIOLENCIA:

“A tres años del NiUnaMenos se produjeron 871 femicidios  que hablan a las claras de la falta de prioridad política del estado nacional para frenar la violencia machista. El ejecutivo sigue sin asignar presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), órgano encargado de aplicar la ley 26.485 de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra más mujeres que cuenta con el 0,007 por ciento del total del presupuesto nacional para el 2018. Sumado a esto la crisis económica y el ajuste económico impacta de manera diferenciada en la vida de las mujeres y contribuye al recrudecimiento de la violencia machista”, demanda Vivanco. 

CUPO LABORAL TRANS:

“Aún es una deuda pendiente la implementación del patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, la reglamentación de la ley cupo laboral trans y la creación de un plan integral de asistencia  y protección de las víctimas”, indica, en su adelanto del Informe 2018, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (OVG). También señala: “Se deben implementar políticas que promuevan la autonomía económica de las mujeres, el acceso al empleo, a la tierra y a la vivienda para garantizar una vida libre de violencias. Y la conciliación entre las tareas de cuidado y el trabajo de las mujeres. Esta deuda se agravó en el último tiempo con el deterioro y desmantelamiento de programas gubernamentales como  la Línea 144 y del programa ‘Ellas Hacen’ y el debilitamiento de los dispositivos de atención municipales”

DISMINUCIÓN DE FEMICIDIOS EN VILLAS:

En 2017 el 52 por ciento de los 27 homicidios dolosos de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires fueron femicidios, según los datos preliminares del informe sobre homicidios dolosos de mujeres y femicidios, de la UFEM. El promedio de edad de las víctimas es de 48 años y el cincuenta por ciento son migrantes. En 2017 hubo una víctima menor de edad y una víctima trans. Una mujer murió en situación de calle y otra en el marco de la criminalidad organizada. Se contabilizaron más victimarios porque hubo un aumento de asesinatos con autor múltiple. El 76 por ciento de los femicidas es argentino. Los homicidios dolosos se concentran en la zona sur, pero los femicidios en diferentes barrios y disminuyeron los femicidios en villas. El 79 por ciento de los femicidios ocurrió en el ámbito privado y el 72 por ciento en casos de violencia intrafamiliar o en relaciones de pareja. Hubo un caso en un contexto de narcocriminalidad. En el 33 por ciento de los vínculos existía antecedentes de violencia. La mitad de las víctimas murió por el uso de las manos (cuatro estranguladas, dos golpeadas y una sofocada). 

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS: 

En el 2017 aumentó el incumplimiento de las medidas de protección para las víctimas en un diez por ciento con respecto al 2016, según la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), recibieron durante el año pasado 2.602 consultas y otorgaron patrocinio jurídico gratuito en 860 casos para obtener medidas de protección. “Se ha podido registrar que en más de la mitad de los casos (52 por ciento) se produjo un incumplimiento de las medidas en favor de la víctima, en tanto que en el 27 por ciento de los casos se sucedieron nuevos hechos de violencia pese a la denuncia efectuada”, señala el informe de la Defensoría General de la Nación. Esta situación llevó a que sea necesario renovar la protección para 657 mujeres denunciantes o sus hijos/as. 

PROMOVER LAS DENUNCIAS TEMPRANAS: Solo en el 1 por ciento de los casos se denuncia ante el primer episodio de violencia y apenas en el 12 por ciento de los casos se denuncia cuando se sufrió maltratos en un período menor a un año. En cuatro de cada diez denuncias la víctima padeció agresiones durante un lapso que va de uno a cuatro año; en el 23 por ciento de los casos, de seis a diez años o, incluso, durante diez años o más en el 21 por ciento de los casos, según los datos de la Defensoría General de la Nación.