El nuevo Código de Planeamiento Urbano que impulsa el gobierno porteño, que regirá las construcciones en la ciudad, sigue cosechando críticas como un Código pensado más para la especulación inmobiliaria que para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con la meta de aumentar los metros cuadrados de construcción y sumar un millón de habitantes más, según los especialistas, la ciudad se volverá más expulsiva al aumentar el valor del suelo y los alquileres. El Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), consorcio de cooperación conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham, llevará a los barrios el debate del proyecto que está en discusión en la Legislatura. El director del CEM, Matías Barroetaveña, señaló que “son dos los códigos que se están tratando, el urbanístico y el de edificación, dos normas que impactan en la vida de los vecinos porque determinan los usos y el precio de la tierra. Define cómo, dónde y quienes viven en la ciudad”, y remarcó la necesidad de que los porteños participen en la decisión de la norma que definirá el perfil y el entramado con el que se seguirá desarrollando la ciudad.
La semana pasada, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el CEM, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Estudios de Ciudades (UBA), organizaron una jornada de debate con especialistas de diversos campos (urbanistas, sociólogos, arquitectos, economistas) para poner en común los distintos análisis críticos que tienen distintos expertos y organizaciones sobre el proyecto que, según el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, busca “devolver la homogeneidad al tejido urbano de la Ciudad, generar las condiciones para una mejor convivencia entre las distintas actividades y proponer una densidad poblacional adecuada”.
Quienes participaron del encuentro, que tuvo un cariz técnico, coincidieron en la necesidad de un nuevo código que reemplace al actual que, vigente desde 1977, se fue deformando en su casi 41 años de existencia, y expusieron algunos de los problemas del proyecto que se está evaluando en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña.
La falta de participación real de los vecinos de la Ciudad en la discusión que lleva adelante el oficialismo, la inexistencia de estudios de impacto ambiental, social y económico que sustenten los postulados del proyecto, la falta de regulación del espacio público y del mercado inmobiliario junto a la perspectiva de un horizonte de densificación poblacional sin estudios que correlacionen con los espacios verdes o la infraestructura, fueron algunos de los puntos en que centraron sus críticas los participantes de la reunión.
Según algunos de los especialistas, de aprobarse el proyecto, el saldo será una menor calidad de vida en una ciudad que se volverá más expulsiva por los costos de las parcelas y el aumento de los alquileres.
Entre los expositores estuvieron, Matías Barroetaveña (CEM), Eduardo Reese, (director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales), Rosa Aboy (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo), Jaime Sorín (decano del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Avellaneda), Mora Arauz (Fundación Ciudad), Manuel Ludueña (Facultad de Ingeniería, UBA), Ana Paula Di Giovambattista (Centro de Innovación de los Trabajadores), Iñaki Álvarez (Consejo del Plan Urbano Ambiental), Fernando Fimognare (del área de Derechos Urbanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad), entre otros.
El director del CEM explicó a este diario que el proyecto, que está previsto se trate a fines de julio o principios de agosto en el recinto, es una ley que por su carácter estructural “afecta la vida cotidiana de las personas porque define los usos del suelo y fija su valor; definen alturas, densidades, precios y accesibilidad. Determina qué tipos de edificaciones pueden convivir en los barrios, así como también qué diseño de ciudad se va a desarrollar, si centralizada o con varios centros”.
En este sentido, sostuvo que “el proyecto propone multiplicar los metros a construir y duplicar la población de la ciudad”, sin fundamentar cómo se va a sustentar ese modelo urbano, ya que no hay estudios de impacto presentados que demuestren que la infraestructura de la ciudad, los servicios de salud, educación y transporte pueden soportar ese upgrade, teniendo en cuenta que son servicios que ya tienen deficiencias serias para abastecer la demanda actual.
La iniciativa oficial sostiene que “la zonificación es ley, planteando áreas para vivir, otras para trabajar y otras para estudiar, sin mezclas ni diversidad”. Al respecto, Barroetaveña señaló que habilitar una “mixtura de usos” en las áreas en las que se divide la Ciudad, permitiendo que las oficinas y talleres se mezclen con las viviendas, si bien puede ser positivo “al hacer que algunas personas puedan trabajar cerca de donde viven, al mismo tiempo generan un proceso de expulsión, la zona se vuelve más cara y los propietarios prefieren alquilar como oficinas”.
Entre las principales modificaciones, la iniciativa elimina los dos factores con los que se calcula la superficie a construir en una parcela, el FOT (Factor de Ocupación Total) y el FOS (Factor de Ocupación Suelo), y en lugar de 27 alturas máximas establece 6 para las futuras edificaciones. Las más altas, de 38 metros, corresponden a los grandes corredores, como la avenida 9 de Julio o Libertador; en las avenidas los topes serán de 31 metros y 22 metros; y en calles y pasajes 16,50 metros, 10,50 metros y 9 metros.
Según postula el gobierno, las alturas máximas de construcción permitirán, respetar la identidad de cada barrio y “dará mayor previsibilidad, y el vecino podrá conocer cuáles son las alturas permitidas para la construcción en su manzana”. “Ordena la estética de las cuadras, para propiciar un espacio público más amigable. Por ejemplo, ya no se permitirán construcciones retiradas de la línea municipal, que generan distancia entre el peatón y las edificaciones”, sostiene el proyecto.
Sin embargo, el titular del CEM aclaró que “si bien es una cosa positiva que haya más torres jardín, también es verdad que la ley aplica para la mitad del territorio de la Ciudad, porque la otra mitad son terrenos públicos que pertenecen a Nación o Ciudad y tienen leyes específicas. Con la política que impulsa el gobierno de vender terrenos para recaudar o financiar obras, puede para valorizar esos terrenos fijar normativas que son distintas a las que marca el Código y en los que podrían construirse torres”.
En diálogo con PáginaI12 Reese dijo que “el Código de Urbanismo determina qué puede y qué no puede hacer un propietario en su terreno. Está claro que si dice que podés hacer una construcción de 20 pisos no es lo mismo que si te autoriza a hacer una casita. El Estado toma decisiones sobre el derecho de propiedad y esas limitaciones diferenciales determinan precios muy distintos. El Estado tiene que intervenir para distribuir esas rentas, y este Código mira para otro lado, dice que interviene sólo morfológicamente. Es un Código para el funcionamiento libre del mercado, con un Estado que dice que le interesa la adecuación volumétrica y esconde los efectos expulsivos y sociales que tiene esa determinación. El aumento de los precios de la propiedad en la ciudad impide que la clase media, de los sectores populares ni hablar, puedan seguir viviendo y sean expulsados”, explicó, y remarcó que “hay que hacer transparentes esos mecanismos frente a la gente”.
Por otra parte, señaló que el proyecto deja a la vista que “no hay un proyecto de ciudad. La preocupación del gobierno es dónde meter un millón de metros cuadrados de construcción por año, en lugar de pensar cómo hacer para que la gente viva mejor, tenga más espacios verdes, mejore la movilidad. El hecho de que el Código no prohíba la venta de tierras públicas en una ciudad que necesita cada vez más verde, y las tierras públicas son la única reserva para crearlas, implica una mirada de hacia dónde va la política urbana”.
El especialista remarcó que mantener el estándar de construcción que viene sosteniendo hace años la ciudad es el principal interés de la propuesta oficial, sin un “solo análisis de respaldo sobre la inundabilidad, sobre la capacidad de la infraestructura, calles, cloacas, redes eléctricas, espacios verdes, medios de transporte públicos, equipamientos, etc,” para soportar la densificación. Y explicó que desde la década del 50 la ciudad no crece en población pero sí en metros cuadrados construidos. “Crece ahora a razón de un millón de metros cuadrados por año. Se han construido hoteles, oficinas, viviendas. Se hicieron muchas viviendas y, si bien hay muchas ociosas muchas, están ocupadas porque ha habido un cambio demográfico muy fuerte”.
“La población se mantiene estable, pero en la familia, el padre y la madre ya no están juntos, y los hijos viven solos. Es decir la ciudad tuvo que construir cuatro casas para no crecer una sola persona en población. Este cambio en los patrones constitutivos familiares, con mucha gente viviendo sola o a lo sumo en pareja, el mercado lo sabe y por eso construye departamentos de 20 metros cuadrados”, explicó Reese, y alertó que “los vecinos tienen que estar preocupados porque la política urbana y el Código en particular no está dando cuenta de las necesidades de la ciudad sino apuntando a sostener una dinámica de construcción muy alta a costa de un sensible y muy claro empeoramiento de las condiciones de vida en las próximas décadas”.
